Una reciente decisión del Tribunal Supremo ha dado la espalda a la práctica desmedida de desahucios motivados por impagos de alquiler, en un caso que refleja las complejidades del sistema de arrendamiento y la necesidad de consideraciones más humanas en situaciones financieras difíciles. El foco de la controversia se centra en una mujer que intentó hacer frente a sus obligaciones de pago, pero cuya situación se complicó por un recibo de agua desproporcionado que formaba parte de su facturación mensual.

El tribunal anuló el desahucio sobre la base de que la inquilina había manifestado su intención de cumplir con sus pagos. En su defensa, la mujer había solicitado a la empresa arrendadora, Comerzia S.I.C.E., S.L., que le proporcionara un número de cuenta para realizar el ingreso del dinero. Su disposición a regularizar la situación pone de manifiesto que, a pesar de las dificultades, existía una intención genuina de cumplir con sus obligaciones financieras.

Los magistrados argumentaron que la devolución del alquiler, que incluía una exorbitante factura de agua—20 veces superior a lo habitual—no era motivo suficiente para terminar el arrendamiento. La mujer había requerido un desglose de dicho gasto, reconociendo que no tenía inconveniente en pagar, siempre y cuando se le especificara el consumo real, chasqueando así la disparidad evidente entre su factura normal y la que se le había presentado.

Ante las advertencias de la empresa sobre el impago, la inquilina envió múltiples comunicaciones para reiterar su solicitud de una cuenta para ingresar el dinero, indicando que sus escasos ingresos no le permitían asumir de golpe el elevado importe. La situación se tornó más problemática cuando la arrendadora retiró la orden de cobro habitual, dificualtando aún más que la mujer pudiera realizar el pago.

La historia se complicó con la decisión de Comerzia S.I.C.E., S.L. de llevar a cabo acciones legales que clamaban por la resolución del contrato de arrendamiento. Sin embargo, el juzgado de Primera Instancia nº 18 de Madrid falló a favor de la inquilina, observando que la empresa había abusado de su posición al emplear un consumo desproporcionado como pretexto para forzar una situación de incumplimiento.

A pesar de este fallo, la Audiencia Provincial de Madrid tomó una dirección diferente, considerando que el desacuerdo de la mujer con la factura no justificaba su impago, lo que condujo a la decisión de desalojo. Sin embargo, el Tribunal Supremo finalmente revirtió esta tendencia, reconociendo que las circunstancias del caso no justificaban calificar la situación de término del contrato de arrendamiento.

Incluso durante el proceso, la mujer llevó a cabo el abono del importe del recibo de agua mediante una transferencia judicial, revelando su voluntad de cumplir con sus compromisos. El tribunal subrayó que la empresa arrendadora había ignorado reiteradas solicitudes de pago y no proporcionó la información de cuenta necesaria para que la inquilina pudiese solventar su deuda, lo que la llevó a buscar la consignación judicial de la misma.

Este fallo resuena en un contexto más amplio sobre la necesidad de proteger a los inquilinos en situaciones vulnerables y desafía la narrativa que rodea a las ejecuciones de desahucios, iluminando la importancia de la buena fe contractual y la equidad en las relaciones arrendatarias. La resolución también recuerda que, en la interacción entre arrendadores e inquilinos, la comunicación efectiva y la transparencia son fundamentales para evitar el caos financiero que puede resultar de la falta de diálogo.