En una decisión que ha generado polémica, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tomado la determinación de suspender el protocolo de atención a menores migrantes no acompañados en las Islas Canarias. Esta medida se ha tomado en respuesta a un recurso presentado por la Fiscalía Superior de Canarias, que ha cuestionado la legalidad y eficacia de dicho protocolo.

La suspensión de este protocolo, que ha sido implementado para brindar asistencia a los menores migrantes que llegan solos a las costas canarias, ha generado preocupación entre las organizaciones y entidades que trabajan en la protección de los derechos de la infancia. Estas organizaciones han expresado su temor por el impacto que esta decisión pueda tener en la situación de vulnerabilidad de estos menores, que ya enfrentan numerosos desafíos al llegar a territorio español sin la compañía de adultos responsables.

Esta decisión del TSJC podría significar un retroceso en los avances logrados en la protección de los derechos de los menores migrantes no acompañados en Canarias, y plantea importantes interrogantes sobre la responsabilidad del estado en garantizar su protección y bienestar. La suspensión de este protocolo pone en evidencia la necesidad de establecer mecanismos eficaces y coherentes para atender a este colectivo tan vulnerable.