La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha sido empujada a emitir un "aprobado" condicional en su evaluación del sistema de pensiones español, en medio de una creciente presión gubernamental para incluir las transferencias del Estado en sus análisis. Esta situación ha generado inquietudes sobre la verdadera estabilidad financiera del sistema de pensiones, tal como lo señala un reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El documento, redactado por Ángel de la Fuente, no solo se alinea con las preocupaciones de la AIReF, sino que también plantea serias interrogantes sobre la salud del sistema de pensiones en el futuro cercano. La conclusión cautelosa de la AIReF indica que, aunque se ha superado el primer examen, la sostenibilidad del sistema se encuentra en una situación frágil y presenta señales alarmantes de estrés financiero.

El 31 de marzo, la AIReF presentó su análisis sobre el impacto de las reformas en el sistema de pensiones. Este examen incluyó determinar si era necesario activar la cláusula de salvaguarda, que podría conllevar un aumento de las cotizaciones si el déficit supera ciertos límites. Actualmente, la ley establece que esta salvaguarda debe ser activada si el gasto neto en pensiones excede el 13,3% del PIB entre 2022 y 2050. Sin embargo, en su reciente evaluación, la AIReF encontró que este gasto se situaba en un 13,2%, justo por debajo del umbral crítico.

A pesar de que la AIReF ha respaldado el cumplimiento de la regla de gasto, ha dejado claro que esto no implica un avance hacia una mayor sostenibilidad del sistema. El informe de Fedea refuerza esta alerta y critica la forma en que se ha aplicado la cláusula de cierre, subrayando la influencia de un decreto del Gobierno que ha modelado significativamente los parámetros de evaluación utilizados por la AIReF.

El informe de Fedea denuncia que este decreto abre la puerta a incluir transferencias estatales que no están destinadas a financiar pensiones no contributivas, lo que puede distorsionar la percepción de sostenibilidad del sistema. Al contabilizar ingresos que no son genuinos desde el punto de vista de las cuentas públicas, se corre el riesgo de desplazar artificialmente el déficit del sistema hacia otras áreas del Estado.

Además, De la Fuente menciona que el decreto también requiere una corrección optimista de las proyecciones del PIB a partir de 2024, que podría no reflejar la realidad. La diferencia considerable entre las proyecciones originales y los datos observados de PIB nominal en 2023 plantea dudas sobre la viabilidad de tales proyecciones futuras.

Fedea critica que el examen se basa en una noción equivocada de sostenibilidad, evaluando el volumen de gasto en lugar del déficit del sistema. Esto podría permitir que se avance en el cumplimiento de criterios de sostenibilidad sin mejorar realmente la situación financiera del sistema de pensiones.

Finalmente, De la Fuente subraya que existen muchas formas de verificar si se está cumpliendo con la condición de sostenibilidad, pero señala que el camino seguido por la AIReF, bajo la presión de un reciente decreto gubernamental, la ha llevado a tomar la opción más fácil pero menos confiable. Al incluir ingresos vinculados a transferencias del Estado, el sistema parece aprobar el examen cuando, de hecho, si se excluyeran dichos ingresos, suspendería y se requerirían ajustes dolorosos para corregir el rumbo.