En un contexto de creciente debate sobre la política de género y la protección de la infancia, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha solicitado al Gobierno español que actúe de manera decisiva para poner fin a "las políticas que dirigen a menores al consumo de dañinos fármacos inhibidores de la pubertad" y, además, que se creen unidades médico-sanitarias especializadas para aquellos que decidan detransicionar.

Esta plataforma, compuesta por diversas organizaciones feministas, ha participado activamente en la consulta pública lanzada por el Ministerio de Juventud e Infancia para la revisión de la conocida Ley Rhodes (2021). En sus observaciones, estas feministas expresan su preocupación por la divulgación en centros educativos de contenidos que consideran anticientíficos, los cuales, a su juicio, oscurecen la realidad biológica del sexo y promueven una visión que niega su carácter binario e inmutable.

Con un enfoque en la privacidad y dignidad de niñas y adolescentes, las organizaciones proponen que la legislación especifique que los baños, duchas y vestuarios en centros educativos deben mantenerse segregados por sexos. Este mismo criterio abogan que se aplique también en el ámbito deportivo, sugiriendo que las categorías deportivas se organicen por sexo desde el comienzo de la pubertad, exceptuando las edades previas a esta etapa donde se aplica un criterio coeducativo.

Las aportaciones de la Alianza también abogan por la eliminación de la terminología que reemplaza el concepto de sexo por género en toda la ley, argumentando que la idea de una 'identidad' innata vinculada a comportamientos estereotipados no tiene base científica. “El género no es, como se pretende en esta ley, una identidad humana. Es una imposición de roles diferenciados para niñas y niños”, subrayan, alertando sobre el retroceso significativo en la lucha por la igualdad entre géneros que esta legislación puede representar.

En un giro importante, la plataforma demanda que el término “por razón de género” sea reemplazado por “por razón de sexo”, un cambio que enfatiza su postura de que la discriminación que enfrentan las niñas y adolescentes está en función de su sexo biológico, no de una identidad de género. Esta reivindicación se apoya en el marco establecido por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por numerosos países.

En lo que respecta a la atención médica, las feministas hacen un llamado claro para que se impida que niños y adolescentes accedan a tratamientos que no cumplen con criterios científicos rigurosos y cuyo uso no cuenta con validación basada en evidencias. Critican especialmente la prescripción de bloqueadores de la pubertad, alegando que su uso para gestionar la disforia de género ha sido cuestionado en varias naciones, como el Reino Unido, Suecia y Finlandia, donde se ha desestimado su eficacia al carecer de respaldo científico sólido.

A la par, las agrupaciones piden la creación de unidades médicas especializadas que atiendan las particularidades de menores y adolescentes que deseen detransicionar, luego de darse cuenta de que las intervenciones sociales y médicas a las que fueron sometidos no se alineaban con sus malestares. La experiencia internacional muestra que muchas de estas personas no reciben la atención que requieren, y en España, según argumentan, la ley actual las abandona y el transactivismo las estigmatiza, causando un daño social irreparable y tragedias personales.

La organización feminista advierte que la difusión y promoción de intervenciones que buscan modificar el cuerpo de los menores representa una forma de “maltrato”. Su objetivo es combatir la prescripción de tratamientos que alteren el desarrollo natural de la pubertad durante una etapa crucial en la vida de los niños y niñas.

Un aspecto alarmante señalado por la Alianza es la inclusión en la ley de indicios de riesgo para menores basados en la oposición de los progenitores a tratamientos de conversión psicológica y farmacológica. Desde su perspectiva, considerar como riesgo el cuestionamiento de estas prácticas implica una amenaza para la capacidad de los padres y madres de proteger el desarrollo autónomo de sus hijos.

Por último, la plataforma denuncia que penalizar a los padres que buscan asesoría psicológica para el bienestar de sus hijos menores es un enfoque totalitario que favorece una respuesta estatal centrada en intervenciones farmacológicas y quirúrgicas frente a las disconformidades que surgen en relación al género. Además, enfatizan que es fundamental que la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia aborde la creciente violencia sexual que se manifiesta entre menores, una problemática que, según los datos, continúa en aumento.