En Madrid, el 1 de enero, la Federación Mujeres Jóvenes ha hecho un llamado urgente para que, de cara a 2026, se intensifiquen los recursos destinados a combatir la violencia machista. La organización insiste en la necesidad de proteger las políticas públicas frente a posibles transformaciones ideológicas que puedan generar retrocesos en este ámbito y aboga por una aplicación total de la legislación existente.

Desde la federación, explican que "en 2026, la igualdad debe convertirse en un pilar fundamental de la democracia, dejando de ser solo un concepto discursivo, y exigiendo responsabilidades a quienes no cumplan sus promesas". Este enfoque refleja una demanda de acción tangible en lugar de meras declaraciones de intenciones.

La Federación hace hincapié en la "coherencia" en el discurso político, señalando que la falta de esta puede llevar a la hipocresía que, según advierten, tiene un "coste democrático" que las mujeres terminan asumiendo. Este mensaje se suma a la creciente preocupación por el aumento de discursos antifeministas y la radicalización misógina que se observa particularmente en el entorno digital.

La organización destaca la inquietante normalización de estas narrativas en varios partidos políticos, lamentando que una "ola misógina" haya dominado el discurso en redes sociales durante 2025. Alertan también sobre la creciente "desconfianza" de las mujeres hacia las estructuras políticas, ya que quienes se dicen defensores de la igualdad no logran mantenerla en sus propias filas.

Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, se denuncia que 2025 fue un año marcado por deficiencias en la gestión pública, con fallos en servicios esenciales y reiterados incumplimientos de compromisos legislativos. Estos aspectos generan una alarmante pérdida de confianza en el manejo de los recursos del Pacto de Estado contra la violencia machista.

Particularmente, se critican las fallas en el sistema de pulseras para agresores, las cuales evidencian carencias serias en el contrato establecido durante el mandato de la exministra Irene Montero. Ante esta situación, la Alianza sostiene que la respuesta del actual Ministerio, liderado por Ana Redondo, no ha estado a la altura de las circunstancias, demandando una comparecencia inmediata para dar explicaciones claras y tranquilizar a las víctimas.

La falta de un informe exhaustivo sobre los problemas técnicos y la ausencia de medidas disciplinarias contra la empresa contratista también son objeto de reproche. La organización critica la "falta de transparencia" en la implementación de la Ley Trans y su impacto en las políticas de igualdad, señalando que sus intentos de obtener información del Gobierno han encontrado un "muro de silencio".

Por otro lado, la Alianza resalta que el retraso en la ley contra la trata es alarmante, considerando que España sigue siendo un punto crítico en las redes de trata con fines de explotación sexual. Destacan la urgencia de contar con un marco legal integral que brinde a las víctimas la protección y los recursos que necesitan.

La ministra Redondo señaló en un encuentro con medios que los retos derivados de contextos internacionales complican la elaboración de esta ley, lo que está causando demoras en su desarrollo. Sin embargo, también enfatizó la necesidad de crear una normativa completa y transversal que aborde todas las formas de trata.

Finalmente, se anticipa que el debate sobre la abolición de la prostitución será un tema central en la agenda de igualdad de 2026. La falta de una ley abolicionista en el actual Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la complejidad del escenario político dificultan su avance, al igual que la necesidad de desarrollar una legislación específica sobre violencia económica.

Redondo destacó que este último proyecto de ley presenta numerosas dificultades debido a su naturaleza transversal, haciendo hincapié en que es uno de los más complicados que se tienen actualmente en la agenda, un reflejo de los muchos obstáculos que aún persisten en la lucha por la igualdad efectiva.