La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha expresado su preocupación ante el Tribunal Supremo (TS) por las recientes filtraciones en torno a la investigación que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su escrito, García Ortiz solicita urgentemente al magistrado responsable del caso que tome las medidas pertinentes para frenar este tipo de filtraciones, argumentando que han creado un "juicio paralelo" que podría influir en el resultado final del proceso judicial.

En un documento al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, señala que estas filtraciones han violado el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Específicamente, la Abogacía se refiere a cómo las acusaciones, tanto particulares como populares, han colaborado en construir un juicio paralelo a través de su difusión en medios de comunicación, lo que pone en riesgo la integridad del proceso judicial.

Los Servicios Jurídicos del Estado han denunciado la existencia de "filtraciones ilegales" que han revelado el contenido de diligencias de instrucción y otros informes, incluyendo aquellos relacionados con dispositivos electrónicos y mensajes privados. Esta divulgación, según afirman, ha sido interesada y sesgada, llegando a calificar la información como "hostil".

La defensa de García Ortiz aclara que su oposición no se basa en cuestionar la publicidad del proceso, dado su carácter de gran interés público, sino en la manera distorsionada en que se ha presentado la información, lo que podría formar una opinión pública que influya en la percepción del fallo, presionando hacia una condena inevitable. Este panorama, advierten, amenaza la imparcialidad, que es fundamental para el funcionamiento de la justicia.

Ante esta preocupante situación, la Abogacía del Estado ha solicitado al magistrado Ángel Hurtado, encargado del caso, que se erija como defensor de los derechos fundamentales y del derecho a un proceso legal justificado, implementando medidas que prevengan la transmisión de información dañina desde las acusaciones a los medios de comunicación.

Entre las demandas específicas hacia el magistrado, la defensa pide que se adopten medidas cautelares para proteger el derecho a la intimidad, así como acciones que permitan identificar a los responsables de las filtraciones. Esta solicitud busca asegurar que el proceso judicial no se vea contaminado por la divulgación irregular de información relevante.

García Ortiz advierte que si el magistrado no actúa en esta dirección, estará permitiendo la perpetuación de un juicio paralelo que podría dañar no solo la apariencia de imparcialidad de su función, sino también la confianza del público en el sistema judicial. Asimismo, la defensa atribuye este clima de filtraciones a una "exacerbación injustificada de las acusaciones", solicitando al juez que considere este fenómeno como un abuso del derecho acusatorio y que, previo aviso a las partes instaladas, agrupe las denuncias en una sola acusación única.

Por último, la Abogacía del Estado ha instado a Hurtado a abrir una pieza separada sobre las revelaciones indebidas del contenido del sumario, en virtud del artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece sanciones económicas que oscilan entre 500 y 10,000 euros para quienes incurran en esta falta.