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Fiscales del 'procés' advierten contra la amnistía por malversación.

Fiscales del 'procés' advierten contra la amnistía por malversación.

Los fiscales del Tribunal Supremo (TS) que participaron en el juicio del 'procés' han trasladado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su opinión sobre la ley de amnistía aprobada este jueves en el Congreso. Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press, los fiscales no están a favor de aplicar la amnistía a los delitos de malversación, pero sí entienden que podría ser aplicada a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos.

Este criterio afectaría a figuras como Carles Puigdemont, Comín, Puig, Junqueras, Romeva, Turull y Bassa. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, está procesado en rebeldía por delitos de malversación y desobediencia, con una orden de detención nacional pendiente y una euroorden desactivada.

Los exconsejeros catalanes huidos, Toni Comín y Lluís Puig, también se ven afectados por este criterio al estar procesados en rebeldía por malversación y desobediencia, con órdenes nacionales de detención activas. Asimismo, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa también enfrentan consecuencias, con inhabilitaciones vigentes por malversación a pesar de haber sido indultados de la pena de prisión en 2021.

La ley de amnistía busca exonerar actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación en el marco del independentismo catalán, pero los fiscales del 'procés' no consideran viable su aplicación. Su postura coincide con la del Tribunal Supremo, que ya revisó el concepto de ánimo de lucro y enfatizó que la actuación de los condenados nunca estuvo ausente de dicho ánimo.

En una reunión reciente, los fiscales del 'procés' expresaron su criterio en contra de alzar las medidas cautelares y órdenes de detención como primer paso tras la amnistía. García Ortiz se reunirá con los fiscales superiores de Cataluña para abordar los caminos procesales para la aplicación de la ley en todas las causas pertinentes.

La norma establece que los tribunales deben aplicar la amnistía en un plazo máximo de dos meses. Se espera que el Tribunal Supremo y los juzgados de Cataluña sean los más afectados por esta medida. Además, en el Tribunal Constitucional se prevé que se presenten cuestiones de inconstitucionalidad o recursos de inconstitucionalidad, lo cual podría ser impulsado por el Partido Popular.

Antes de adoptar cualquier decisión, los tribunales consultarán a las partes del procedimiento, incluyendo la Fiscalía. Por lo tanto, es crucial que en el Ministerio Público se establezca un criterio claro sobre la aplicación de la ley de amnistía en estos casos.