El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha anunciado recientemente que se publicará una actualización del informe sobre abusos sexuales dentro de la Iglesia católica, al mismo tiempo que ha mencionado un incremento en el número de víctimas que han denunciado estos actos a 674, gracias a los testimonios adicionales recibidos en el último año.

Este anuncio fue realizado durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde Gabilondo también expuso la necesidad de implementar “medidas concretas” para abordar esta problemática, dejando claro que la reparación de las víctimas debe estar por encima de cualquier diferencia de creencias o ideologías. "Es fundamental priorizar la restitución de las víctimas en lugar de enredarnos en divisiones ideológicas", subrayó con firmeza.

En su discurso, el Defensor del Pueblo hizo un llamado a establecer un “mecanismo de coordinación” entre oficinas dedicadas a la protección de menores y a las víctimas de abusos, tanto de la Iglesia católica como de las instituciones del Estado. Gabilondo enfatizó que es crucial evitar la “confusión” que podría afectar a las víctimas, instando a todas las partes involucradas a adoptar compromisos conjuntos que prioricen el bienestar de quienes han sufrido estos abusos.

Este debate, que se lleva a cabo en el contexto del cumplimiento de una Proposición No de Ley aprobada en marzo de 2022, marca un paso significativo en la atención de un tema tan delicado. Más de un año después de la entrega del informe original a la presidenta de las Cortes Generales y al presidente del Gobierno, los legisladores están bajo presión para dar respuestas efectivas a las inquietudes planteadas.

Gabilondo resaltó que las víctimas esperan recibir respuestas reales y urgentes, ya que han soportado años de sufrimiento en silencio. "Es hora de que se ponga fin a esta soledad y al injusto silencio que ha rodeado este tema por tanto tiempo. Aquellos que tuvieron en su poder la facultad de actuar no pueden seguir en la inacción", afirmó, dirigiéndose a las autoridades presentes.

El informe, que surge de una encuesta encargada por el Defensor del Pueblo, reveló que aproximadamente el 0,6% de la población española mayor de 18 años ha experimentado abusos sexuales en la Iglesia por parte de un sacerdote o religioso. Este estudio también refleja que un 1,13% de los encuestados confirmaron haber vivido agresiones en el marco religioso.

Desde la publicación del informe inicial, el Defensor del Pueblo ha visto un aumento notable en el número de denuncias, con 188 nuevos testimonios válidos que se suman a las 487 víctimas ya registradas, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema y la necesidad de actuar sin dilaciones.

En este sentido, Gabilondo reveló que de las 674 víctimas, el 84,19% eran hombres y el 15,61% mujeres. La mayoría de las personas que denunciaron los abusos tienen entre 30 y 75 años, siendo el grupo más numeroso el de edades comprendidas entre 50 y 65 años, que representa un 39% del total.

Respecto a la respuesta de la Iglesia católica ante estas denuncias, Gabilondo apuntó que ha habido un enfoque disímil. Mientras que algunas instancias han mostrado colaboración, otras han sido más reticentes. Además, mencionó que la Iglesia ha evolucionado desde una postura de minimización de casos a un reconocimiento implícito de los abusos, lo que se evidencia en la creación de protocolos de prevención.

No obstante, el Defensor del Pueblo destacó que, a pesar de los avances, persisten deficiencias significativas en los procedimientos de derecho canónico, donde las víctimas aún no son consideradas como parte del proceso, lo que limita su capacidad de ser escuchadas y reparadas adecuadamente.

En cuanto al papel de los poderes públicos, Gabilondo recordó que durante décadas han ignorado la magnitud del problema de los abusos sexuales en la Iglesia, sin asumir una responsabilidad clara. Indicó que, en el ámbito judicial, los casos que han sido llevados a juicio no siempre garantizan que las víctimas obtengan la reparación que merecen, lo que refleja una falta de compromiso por parte del sistema.

Desde el ámbito educativo, Gabilondo hizo hincapié en la necesidad de supervisar que todos los centros cumpligan con las normativas y protocolos establecidos, independientemente de su titularidad. “Es vital asegurarnos de que la inspección educativa funcione como debe para proteger a los más vulnerables”, dijo.

En su conjunto, el informe presenta 24 recomendaciones, entre las cuales destacan la creación de un marco legal que acredite a las víctimas y un sistema de compensación económica que involucre a la Iglesia en este proceso. Gabilondo enfatizó que las reparaciones deben ser transparentes y no depender de decisiones arbitrarias, resaltando la importancia de un procedimiento claro y justo que evite la opacidad y el silenciamiento que han caracterizado a la respuesta histórica de la Iglesia.