En una decisión sin precedentes, la mayoría del Consejo Fiscal ha instado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a renunciar a su cargo tras la apertura de una causa en su contra por parte del Tribunal Supremo (TS). Se le acusa de revelar secretos, una acusación proveniente del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Los representantes de la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que conforman la mayoría del Consejo Fiscal, han solicitado la dimisión de García Ortiz. Esta petición se ha reafirmado a través de comunicados oficiales emitidos por ambas asociaciones.
En contraste, García Ortiz ha recibido el apoyo de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de las dos vocales natas del consejo. Este respaldo se basa en argumentos de orden moral, institucional y legal.
Los representantes de la UPF han expresado su respaldo a la decisión del fiscal general de no dimitir, considerando que no existen fundamentos legales sólidos para sostener la acusación en su contra. Además, señalan que el Tribunal Supremo ha aclarado que no hubo revelación de secretos debido a la información que ya era de dominio público.
En un gesto de solidaridad, los vocales de la UPF elogian el apoyo decidido de la Fiscal Jefe de Madrid y del Fiscal General del Estado a un fiscal implicado en el caso, destacando la necesidad de respaldar a los miembros del Ministerio Público.
Por otro lado, los miembros de la UPF rechazan las insinuaciones de que la dimisión del fiscal general sería beneficiosa desde una perspectiva institucional. Consideran que ceder a las presiones externas debilitaría la integridad y la autonomía del Ministerio Público.
En medio de esta controversia, los vocales de la UPF expresan su desilusión por la falta de unidad interna en el Consejo Fiscal. Asimismo, lamentan que todo este escándalo desvíe la atención de la labor cotidiana del Ministerio Público, que se define por su búsqueda de la verdad y la justicia.
En última instancia, los representantes de la UPF recalcan la importancia de mantener la cohesión y la integridad de la institución, rechazando cualquier intento de socavar la autoridad del fiscal general. Destacan que la defensa de uno es la defensa de todos los fiscales en su noble labor de servir a la justicia y al Estado de Derecho.
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