El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha mantenido una reunión con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un intento por lograr un consenso que permita la aprobación de la reforma fiscal prevista para mañana, en un ambiente de negociaciones que se maneja con sutil discreción.

El trasfondo de este encuentro radica en el anuncio por parte de Podemos de que podría votar en contra de la reforma si se decide eliminar el gravamen a las compañías eléctricas. Este impuesto ha sido un punto crucial en las discusiones entre el Gobierno y la formación morada.

La elección de Bolaños como mediador no ha sido fortuita. Su historial de colaboración con Belarra durante la anterior legislatura, donde ambos compartieron responsabilidades en el Gobierno, le ha otorgado un nivel de confianza que podría resultar valioso en este proceso. En enero pasado, lograron que Podemos apoyara un decreto anticrisis a cambio de una extensión en la suspensión de desahucios hasta 2028 para las familias más afectadas.

A pesar de la cautela que rodea estas negociaciones, las fuentes cercanas a la coalición de Gobierno expresan su resolución de persuadir a Podemos para que al menos se abstenga en la votación del Pleno de este jueves, un resultado que podría ser determinante dado el apretado escenario parlamentario actual.

La matemática parlamentaria es compleja y una votación en contra de Podemos resultaría en un empate de 175 votos. Según las reglas del Congreso, este escenario desencadenaría dos votaciones adicionales para intentar deshacer el empate, y en caso de persistir, la propuesta quedaría descartada, subrayando la importancia del apoyo de los morados.

Canales de comunicación internos han hecho eco de la firme postura que ha adoptado Podemos, que ha dejado claro al Ejecutivo que “no aceptará juegos" en torno a la reforma fiscal. La formación ha insistido en que su apoyo está condicionado a la continuidad del impuesto a las energéticas, negándose a ceder ante acuerdos con formaciones como el PNV y Junts que contemplen su eliminación. Esta mañana, Belarra reafirmó que el peso de sus votos es tan significativo como el de los neoconvergentes.

Belarra también criticó que el Gobierno mantenga acuerdos con ERC y Bildu para prorrogar el impuesto a las energéticas, mientras al mismo tiempo comunicara que su pacto con Junts sigue intacto, incluyendo beneficios fiscales para las empresas que apuestan por la descarbonización.

Asimismo, desde Podemos han señalado que el Gobierno les ofreció un acuerdo similar al que se instauró con otros grupos de izquierda, el cual decidieron rechazar, interpretando que sin garantías de apoyo por parte del PNV y Junts, este acuerdo se traduce en una "promesa vacía”.

No obstante, desde el Gobierno se muestran optimistas acerca de llegar a un acuerdo que permita, al menos, la abstención de Podemos y consideran que sería poco probable que estos opten por rechazar medidas fiscales progresistas destinadas a establecer un tipo del 15% para las multinacionales en el impuesto sobre sociedades, tal como se establece en la directiva europea, así como el impuesto a la banca.

En paralelo, fuerzas políticas como Sumar, Esquerra Republicana y Bildu han instado a Podemos a no perder de vista la necesidad de implementar medidas fiscales progresivas. Desde estas agrupaciones se hace hincapié en la relevancia de este paquete de reformas fiscales, subrayando que todos los grupos de izquierda abogan por que sea más ambicioso, como lo evidencian las enmiendas que todavía están en juego de cara al Pleno.

Por último, fuentes cercanas a Sumar se muestran convincentes de que se alcanzará un acuerdo antes de la votación y advierten que un voto en contra de la reforma fiscal podría acarrear un costo político que Podemos tendría que aceptar. “Sería suicida”, afirma un destacado miembro de Sumar. Sin embargo, hay quienes dentro de este mismo espacio expresan su inquietud sobre la posición que adoptará finalmente Podemos, llegando incluso a sentir sorpresa ante la posibilidad de que consideren la opción de votar en contra, tratando de afectar al Gobierno en un tema tan crucial como la fiscalidad.