24h España.

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Gobiernos autonómicos liderados por el PP evitan pronunciarse sobre cambios en la Ley de Extranjería ante la competencia del Parlamento.

Gobiernos autonómicos liderados por el PP evitan pronunciarse sobre cambios en la Ley de Extranjería ante la competencia del Parlamento.

En la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, las comunidades autónomas del PP han decidido no posicionarse sobre la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados. Según fuentes presentes en la reunión, han argumentado que esta cuestión corresponde al Parlamento y que la Conferencia Sectorial no tiene competencias al respecto.

En el encuentro, celebrado en Tenerife, las comunidades gobernadas por el PP han expresado su descontento por haber recibido el texto de modificación con poco tiempo de antelación, lo que les ha impedido realizar un estudio detallado del mismo. Critican que el Gobierno haya impuesto un reparto que no soluciona la crisis migratoria y han pedido una Conferencia de Presidentes para abordar la emergencia migratoria y exigir la implicación de la Unión Europea.

La Comunidad de Madrid ha cuestionado la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería que plantea el Gobierno, asegurando que podría invadir competencias autonómicas y ser inconstitucional. Por su parte, Galicia se ha mostrado dispuesta a acoger a más menores migrantes y ha exigido financiación para garantizar su protección hasta que abandonen el sistema de protección.

Por otro lado, Asturias ha mostrado su apoyo a la reforma de la Ley de Extranjería, argumentando que es fundamental para garantizar la atención y tutela de los menores migrantes no acompañados. Considera que esta responsabilidad es compartida por todas las comunidades autónomas y que es crucial asegurar los derechos de estos menores.

La Conferencia Sectorial se ha centrado en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitirá el reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados en el caso de que la capacidad de acogida de una comunidad esté al máximo. Esta medida busca hacer frente a la crisis migratoria y garantizar la protección de los menores en todo el territorio español.