En un contexto de creciente tensión social, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han alzado la voz hoy para denunciar un "patrón mortal" en el comportamiento de las fuerzas de seguridad iraníes. Ambas organizaciones han hecho un llamado urgente al Consejo Supremo de Seguridad Nacional para que ordene a estos cuerpos poner fin al "uso ilegal" de la fuerza en las manifestaciones que han comenzado a surgir en las principales ciudades de Irán, como respuesta al deterioro económico que está afectando a la población.

Diana Eltahawy, subdirectora de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África, ha expresado su profunda preocupación al señalar que los ciudadanos que se atrevan a alzar la voz tras años de represión se enfrentan a la brutalidad de fuerzas de seguridad que disparan sin justificación, persiguen, arrestan y agreden a quienes protestan. Esto trae a la memoria las violentas manifestaciones del movimiento 'Mujer, Vida, Libertad' de 2022, desencadenadas por la trágica muerte de la joven Mahsa Amini mientras estaba bajo custodia.

Eltahawy ha instado al principal organismo de seguridad del país a actuar con prontitud y a "detener de inmediato el uso ilegal de la fuerza y de armas de fuego" durante las protestas, las cuales han resultado en al menos 28 muertes, incluidas de menores. Sin embargo, otras ONG han estimado que el número real de víctimas podría ser aún mayor.

Desde Human Rights Watch, su subdirector para la región, Michael Page, ha respaldado esta denuncia, apuntando a la "impunidad sistemática" disfrutada por los miembros de las fuerzas de seguridad que cometen abusos graves. Esta situación sugiere que el uso de la fuerza letal para silenciar las voces de disidencia ha sido institucionalizado como una práctica del Estado.

Las críticas de ambas organizaciones se han dirigido a la Guardia Revolucionaria Islámica y a la Policía de Irán, quien ha empleado métodos de represión que incluyen rifles, escopetas cargadas con perdigones, cañones de agua, gases lacrimógenos y golpizas con el objetivo de dispersar, intimidar y castigar a manifestantes, en su mayoría pacíficos.

Además, han denunciado que las autoridades están sometiendo a presión a los detenidos para que admitan cometidos que podrían incluir "provocar disturbios". En consecuencia, han solicitado la liberación inmediata e incondicional de aquellos que han sido arrestados simplemente por participar en manifestaciones o mostrar apoyo a estas, recordando que todos los detenidos deben estar protegidos de la tortura y otros tratos abusivos.

Este pronunciamiento se sustenta en investigaciones realizadas por las organizaciones, que han entrevistado a 26 personas, incluyendo manifestantes, testigos, defensores de derechos humanos y profesionales de la salud. Asimismo, han revisado declaraciones oficiales y analizado numerosos vídeos verificados difundidos en las redes sociales y compartidos con ellos.

El estallido de estas protestas está profundamente arraigado en la difícil situación económica del país, donde millones de ciudadanos han visto su poder adquisitivo erosionado debido a la histórica devaluación de la moneda nacional, el rial. Todo esto ocurre en un contexto de nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos, que, acompañado de Israel, ha reanudado sus acciones bélicas contra el programa nuclear iraní, resultando en ataques que han costado la vida a miles de personas, incluido un bombardeo en junio que dejó un saldo de alrededor de mil fallecidos.