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Informe CCAA urge reforma financiación por "problemas del Procés"

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En el Informe Comunidades Autónomas 2023, elaborado por el Observatorio de Derecho Público, se destaca la urgente necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, apuntando a cuestiones políticas como el principal obstáculo, en especial los problemas derivados del 'procés' catalán.

La reforma del sistema de financiación autonómica, postergada desde 2009, ha cobrado relevancia nuevamente tras la demanda de ERC de un modelo singular para Cataluña como condición para apoyar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

A pesar de que el Gobierno contempla la posibilidad de establecer una financiación diferenciada para Cataluña, esta propuesta ha generado malestar en diversas comunidades autónomas que se sienten agraviadas.

El informe presentado en el XIII Foro de las Autonomías en el Senado subraya la falta de avances en la reforma del sistema de financiación, señalando que las soluciones técnicas están disponibles desde un informe de 2017, pero la responsabilidad recae en la esfera política.

El catedrático Jesús Ruiz-Huerta explicó que la falta de acuerdo político, exacerbada por el 'procés', ha obstaculizado la reforma, y que es esencial revisar elementos como la población ajustada, la deuda de las autonomías, la armonización de tributos y la redistribución del IVA.

Ruiz-Huerta también resaltó que diversas autonomías han sido afectadas negativamente por el sistema actual, mencionando casos como Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, que sufren de infrafinanciación y alto nivel de endeudamiento.

A pesar de que el sistema ha logrado mantener los servicios públicos en las comunidades, existen quejas sobre infrafinanciación y endeudamiento, lo que incrementa la dependencia de las regiones respecto al Gobierno central para enfrentar sus responsabilidades financieras.

La deuda de algunas autonomías, como Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña, supera el 30% de su PIB regional, mientras que Madrid, País Vasco, Canarias y Navarra tienen niveles de endeudamiento inferiores al 15%.