En un paso significativo hacia la protección de los menores más vulnerables, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), que forma parte del Ministerio del Interior, ha anunciado un nuevo protocolo destinado a fortalecer la búsqueda de niños desaparecidos que viven en centros de protección o acogida. Esta iniciativa se enmarca dentro del II Plan Estratégico en Materia de Personas Desaparecidas, que abarca desde 2026 hasta 2029.

La directora del CNDES, Pilar Muniesa, expuso en una reciente rueda de prensa que esta decisión surge de las inquietudes planteadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, quienes han manifestado la necesidad de contar con información más precisa y detallada de los tutores en casos de desapariciones de menores. Según Muniesa, una comunicación clara y rápida es esencial en estos acontecimientos.

En este contexto, se introducirán formularios específicos para las denuncias relacionadas con la desaparición de niños en estos centros, además de mejorar los canales de comunicación entre los tutores y las autoridades. “Los tutores deben proporcionar información lo más detallada posible para facilitar las gestiones necesarias”, afirmó Muniesa.

Durante la presentación del plan, también se abordaron medidas particulares dirigidas a la prevención de la sustracción de menores, resaltando la importancia de actuar con celeridad. Muniesa destacó que “cada segundo cuenta”, instando a la población a no esperar 24 horas para reportar una desaparición, ya que este tiempo es crítico para hallar a la persona con vida.

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, hizo hincapié en que el nuevo plan intensifica la atención a las desapariciones prolongadas, enfocándose en brindar apoyo especializado a las familias afectadas. Asimismo, se fortalecerán las colaboraciones internacionales y se utilizarán nuevas tecnologías para mejorar la eficacia en la recopilación y cruce de datos.

“El objetivo fundamental del I Plan Estratégico, que se mantiene en este nuevo plan, es atender con sensibilidad a las familias de personas desaparecidas, que son las que sufren de manera más intensa esta situación”, comentó Calvo, subrayando la importancia de reconocer a las familias como víctimas indirectas de las desapariciones.

Con un presupuesto de 5,1 millones de euros, esta estrategia contempla la capacitación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en colaboración con el Colegio de Psicología, y establece canales más efectivos de comunicación con los familiares de quienes han desaparecido.

El Plan se articula en cinco líneas de acción, que abarcan la formación integral de los agentes de seguridad, la atención a las familias, la cooperación internacional, la prevención y la mejora de herramientas tecnológicas. La directora del CNDES destacó la necesidad de mejorar los sistemas de alerta y el uso de carteles oficiales para aumentar la visibilidad de los casos de desaparición, además de planear campañas de sensibilización para educar a la sociedad sobre la cuestión.

El CNDES también enfatiza la relevancia de establecer “una definición única” de lo que implica una persona desaparecida en España. “Se considera desaparecida a aquella persona que no está en contacto con su entorno habitual y cuyo paradero es desconocido por sus seres queridos, sin que se haya podido localizar por medios humanos o tecnológicos”, definió Muniesa mientras reflexionaba sobre la ausencia de una definición legal en la materia.

Explorando la necesidad de uniformizar criterios, Muniesa explicó que la propuesta del CNDES, en cooperación con las fuerzas de seguridad, busca integrar todos los tipos de desapariciones de manera clara y efectiva.