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Investigación de reputación online en caso 'Púnica' archivada para 40 sospechosos por la AN

Investigación de reputación online en caso 'Púnica' archivada para 40 sospechosos por la AN

En una reciente decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha confirmado el sobreseimiento provisional de la pieza 10 del caso Púnica, donde se investigó la contratación de trabajos de reputación 'online' de cargos del Partido Popular a las empresas EICO y Madiva de Alejandro de Pedro.

Esta resolución respalda la decisión del juez instructor Manuel García Castellón, quien en octubre de 2023 archivó esta parte del caso para unas 40 personas, entre ellas exalcaldes del PP como Alfonso Bataller, María Kringe Sánchez, Raúl López Vaquero, José Carlos Boza Lechuga, y Narciso de Foxá Alfaro, así como otros cargos públicos. También fueron incluidos en el archivo Alejandro de Pedro, Isabel Gallego, Salvador Victoria, y David Marjaliza.

Tras analizar los recursos de la Fiscalía Anticorrupción, ADADE y el PSOE, el tribunal ratifica la decisión del juez al no encontrar pruebas de un posible acuerdo entre los investigados para cometer delitos como falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.

La Sala argumenta que la evidencia presentada no permite continuar con el procedimiento penal debido a la similitud con otras piezas del caso Púnica y a la limitada base de pruebas presentadas en el recurso de reforma del Ministerio Fiscal.

En su auto de archivo, el juez explica la dificultad de demostrar la existencia de un acuerdo para cometer delitos a través de contrataciones públicas, destacando la complejidad de distinguir entre la promoción institucional y la promoción personal de políticos en redes sociales y medios de comunicación.

El juez sostiene que en el contexto actual es complicado separar la imagen pública del cargo que ocupa un político, especialmente en el ámbito digital, donde la promoción personal y política se entrelazan. Argumenta que es fundamental considerar la función social y política del político al evaluar si contratar empresas de marketing constituye publicidad institucional o personal.

El magistrado concluye que no se ha demostrado que los contratos realizados fueran para beneficio personal de los políticos en lugar de para sus funciones públicas, ya que todos los servicios acordados fueron prestados y las noticias publicadas estaban relacionadas con sus responsabilidades públicas.

Finalmente, el juez señala que no se ha encontrado evidencia de que los precios pagados por los servicios fueran superiores a los del mercado, y advierte que calificar estas contrataciones como delitos sin un análisis detallado de las circunstancias puede resultar arriesgado.