La exministra de Igualdad, Irene Montero, ha mostrado su indignación ante la decisión del Gobierno de preferir pagar una multa antes que proteger los derechos de las familias en relación al expediente abierto por Bruselas a España por no cumplir con el pago de las últimas semanas del permiso parental exigido por la Unión Europea.

Montero ha criticado duramente esta postura, señalando que los permisos de ocho semanas para cuidar a niños y niñas son fundamentales en diversas situaciones como vacaciones o periodos de adaptación. Considera inaceptable que el Gobierno anteponga el pago de una multa a garantizar los derechos de las familias, equiparando esta actitud con la del Partido Popular.

La Comisión Europea ha anunciado que ha iniciado un proceso de infracción contra España por incumplir la directiva comunitaria que establece el pago de la asignación por las dos últimas semanas del permiso parental, una obligación que debía haber sido transpuesta por los Estados miembro en sus legislaciones nacionales a más tardar en agosto pasado.

A pesar de que la normativa comunitaria entró en vigor en julio de 2019, se concedió más tiempo a los gobiernos para su implementación, fijando el plazo para la mayoría de disposiciones en agosto de 2022 y las referentes al pago de las dos últimas semanas en agosto de 2024.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y del Trabajo han manifestado su malestar ante la situación, señalando que han insistido al Gobierno en la gravedad de la penalización a las familias españolas. Lamentan que estas no cuenten con los mínimos derechos de conciliación exigidos por Europa y exigen la aplicación inmediata de las medidas contempladas en el Acuerdo de Gobierno, sin esperar a los Presupuestos Generales del Estado.