En el contexto actual de la lucha feminista, la exministra de Igualdad, Irene Montero, ha denunciado abiertamente la resistencia de ciertos sectores dentro del sistema judicial español hacia las leyes que promueven la igualdad de género. Su declaración surge tras el polémico fallo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, que ha decidido inhibirse del caso de Juana Rivas y no adoptar medidas de protección para su hijo menor.

“Este incidente pone de manifiesto cómo hay grupos dentro del sistema judicial que se resisten a las leyes feministas, obstaculizando la protección que el sistema de justicia debería brindar a las mujeres y a los menores ante la violencia machista”, afirmó Montero en una entrevista ofrecida a Canal Red y recogida por Europa Press.

El mencionado juzgado ha trasladado el caso al Juzgado de Instrucción 4 de Granada, afirmando que no tiene competencia sobre el mismo. A pesar de esta decisión, las medidas cautelares adoptadas un día antes por el juzgado de instrucción se mantienen vigentes, asegurando que el menor permanezca en España mientras se aclara la situación.

Montero también ha subrayado que la reciente aprobación de la ley “solo sí es sí”, que establece una protección integral para las mujeres víctimas de violencia sexual, ha ocasionado una “ofensiva judicial de carácter reaccionario y machista”. Además, ha hecho hincapié en las dificultades que enfrentan las “madres protectoras”, que son blanco de un total desdén y criminalización por parte del sistema.

La exministra no dudó en declarar que “hay partes del sistema judicial que son las más retrógradas y machistas, que se niegan a garantizar la protección necesaria para las víctimas de violencia de género y sus hijos, que también sufren las consecuencias de esta violencia”, enfatizando la necesidad urgente de cumplir y respetar las leyes feministas.

En sus declaraciones, Montero reafirmó que la protección de mujeres e infantes ante la violencia machista “no es opcional”, sino una obligación que debe llevarse a cabo sin excepciones. “Es cierto que existen jueces que infringen la política y se oponen a las normativas feministas, no obstante, las instituciones del Estado español tienen el deber legal de proteger y garantizar los derechos de todas las víctimas”, resaltó, advirtiendo que cualquier decisión que ponga en peligro a mujeres e infantes es una infracción de la ley.

Respecto a la decisión del juzgado granadino de inhibirse en el caso de Juana Rivas, Montero declaró que la jueza se encuentra “fuera del marco legal”, puesto que no ha considerado adecuadamente el apartado 4 del artículo 1 de la ley de medidas integrales, que busca garantizar la protección de mujeres y niños frente a la violencia de género.

En esta línea, Montero aclaró que esta decisión del juzgado no obliga a Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, a regresar a Italia, aunque sí complica su situación. “El Estado español tiene la responsabilidad de proteger a este niño, del cual es consciente que podría estar expuesto a un grave riesgo si se ve obligado a convivir nuevamente con su padre maltratador en Italia”, advirtió.

Finalmente, la exministra criticó la postura de la jueza en cuanto a la violencia vicaria, señalando que se está librando una “batalla política” sobre si esta forma de violencia se reconoce o no como parte de la violencia machista. “Es lamentable que, cuando las mujeres buscan justicia para protegerse a ellas y a sus hijos de la violencia machista, a menudo se enfrentan a decisiones judiciales que las desprotegen, poniendo en riesgo su seguridad y la de sus hijos, mientras que la ley en España está diseñada para ser muy garantista”, concluyó Montero.