La reciente decisión del Gobierno de Israel ha dejado en el aire el futuro de 37 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF) y Oxfam. Según el anuncio oficial, estas entidades no han cumplido con los requisitos de registro que se han implementado mediante nuevas regulaciones, lo que resultará en la revocación de sus licencias a partir del 1 de enero de 2026.

Amichai Chikli, líder del Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, confirmó en un comunicado que, tras un período de gracia, estas organizaciones tendrán un plazo de 60 días a partir del 1 de enero para detener todas sus actividades en los Territorios Palestinos Ocupados, culminando con el cierre total el 1 de marzo.

Las autoridades israelíes estipularon que, en un periodo de diez meses, las ONG debían presentar documentación detallada sobre su funcionamiento, incluyendo una lista de su personal. Esta medida es parte de un marco regulatorio que permite denegar licencias a organizaciones que puedan ser consideradas como colaboradoras de entidades designadas como terroristas, como Hamas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, insistió en que el proceso de registro permanece abierto, lo que significa que las ONG todavía tienen la oportunidad de aplicar y que sus solicitudes serán analizadas y procesadas.

La falta de registro significará que estas organizaciones no podrán contar con personal internacional con formación especializada en áreas críticas como la salud, el agua y el saneamiento, ni podrán llevar suministros de ayuda humanitaria a Gaza o Cisjordania a través de los puntos de control israelíes. Aunque la fecha inicial para el cumplimiento era el 9 de septiembre, el gobierno extendió el plazo hasta el 31 de diciembre como muestra de buena fe.

En palabras de Chikli, "la asistencia humanitaria es bien recibida; sin embargo, la utilización de los mecanismos humanitarios con fines terroristas es intolerable". Esta postura se enmarca en el compromiso israelí de salvaguardar su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos, mientras se mantiene el orden en la acción humanitaria.

Por otro lado, el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) asegura que esta decisión no tendrá un impacto significativo en el volumen de asistencia humanitaria que llega a Gaza, argumentando que las organizaciones afectadas no habían enviado ayuda durante el actual alto el fuego y que su contribución había sido mínima en el pasado.

El COGAT justificó el endurecimiento de los requisitos de registro al señalar que busca impedir que la ayuda humanitaria sea utilizada por Hamas, que, según su versión, ha operado bajo el disfraz de ciertas ONG internacionales.

Asimismo, se acusó a MSF de no cumplir con la petición de proporcionar una lista de sus empleados conforme a las nuevas exigencias, abriendo la puerta a la denegación de permisos a aquellas organizaciones que, de alguna manera, cuestionen la legitimidad del estado israelí.

Erika Guevara Rosas, directora de Investigación y Campañas de Amnistía Internacional, criticó con contundencia la medida, calificándola de “escandalosa” y como una escalada en la opresión contra la población palestina. En sus declaraciones en redes sociales, subrayó que bloquear el acceso a ayuda esencial en medio de una crisis humanitaria es contrario al Derecho Internacional y constituye un ataque a la humanidad.

Además, las autoridades israelíes han informado que, en un análisis de su personal, identificaron a dos empleados de MSF con vínculos con la Yihad Islámica y Hamas, lo que ha alimentado el argumento de la necesidad de los nuevos controles sobre estas organizaciones.

Finalmente, organismos de la ONU y otras ONG activas en Gaza han clamado por la eliminación inmediata de las restricciones a la asistencia humanitaria, enfatizando que su trabajo es fundamental e insustituible en un contexto de crisis humanitaria profunda.