Jueza de El Bocal señala a Costas por la pasarela y abre investigación contra dos empleados.

SANTANDER, 24 de marzo. La jueza Rosa Martínez, a cargo de la investigación sobre el trágico colapso de la pasarela en El Bocal, ha decidido abrir un proceso penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas de Cantabria. Según la magistrada, es la administración central la que tiene la responsabilidad exclusiva de asegurar el adecuado mantenimiento y conservación de esta infraestructura, que se derrumbó el 3 de marzo y dejó seis personas muertas y una herida de gravedad.

Los funcionarios a los que se les imputa responsabilidad son José Antonio Osorio, jefe de la Demarcación de Costas y director de las obras de la senda costera iniciadas en 2014, y un responsable del Servicio de Proyectos y Obras de dicha demarcación.

En un fallo anunciado el martes, que puede ser apelado ante la misma jueza o la Audiencia Provincial, se establece que la Demarcación de Costas podría ser considerada responsable civil, puesto que, según la magistrada, es la única responsable del mantenimiento de las obras que no fueron concluidas en el marco del proyecto de la senda peatonal.

La jueza ha manifestado que existen indicios claros de una posible negligencia en el cuidado de la pasarela. En su análisis, explica que las reparaciones hechas en el verano de 2024 se centraron únicamente en la estructura de madera, mientras que un informe de la Policía Científica reveló que los componentes metálicos estaban completamente corroídos. Esta insuficiencia en la intervención podría ser un indicio de descuido, según la magistrada.

Esta acción penal se fundamenta en la documentación que fue proporcionada por la administración central y el Ayuntamiento de Santander. Tras examinar dicha documentación, la jueza concluye que las obras de la senda peatonal nunca se completaron. De hecho, el primer proyecto de 2012 se detuvo porque la Demarcación resolvió el contrato con la empresa encargada y el segundo proyecto de finalización de 2016 ni siquiera fue aprobado, lo que limita la capacidad del Ayuntamiento para asumir el mantenimiento, ya que este dependería de que las obras fueran finalizadas.

La magistrada subraya que, dado que estas obras nunca fueron completadas ni aceptadas por el Ayuntamiento, la Demarcación de Costas es la única entidad responsable de garantizar el correcto mantenimiento de la pasarela, que desde 2014 estuvo accesible al público sin restricciones.

Añade que la Demarcación de Costas tenía pleno conocimiento de sus obligaciones en cuanto a la conservación. Un informe de un vigilante de Costas, datado en mayo de 2024, había señalado ya el deterioro de la madera, lo que motivó, meses después, una intervención en la infraestructura.

A pesar de que la magistrada ha solicitado un informe pericial para clarificar algunos aspectos técnicos que ayuden a esclarecer los sucesos, hasta el momento, existen indicios serios que apuntan a una posible actuación negligente en el mantenimiento de la pasarela.

Este argumento se apoya en el acta de la Policía Científica, que advirtió que los elementos metálicos estaban completamente oxidados. Además, el único mantenimiento documentado de la pasarela, realizado una década después de su construcción, se limitó a la estructura de madera, lo que podría no haber sido suficiente. Por ello, la jueza ha ampliado el alcance del informe que había solicitado el 13 de marzo.

La magistrada ahora también pide que se aclare si la reparación hecha en julio de 2024 fue adecuada, dado que solo se abordó la estructura de madera. La investigación se centrará en aquellos responsables que, por su cargo, deben garantizar el adecuado mantenimiento de la pasarela debido a su deber de cuidado.

Por otra parte, el fallo también reconoce que, aunque la responsabilidad del mantenimiento recae en la Demarcación de Costas, el Ayuntamiento de Santander tiene la competencia de garantizar la seguridad en lugares públicos. Así, si se detecta un riesgo, el Ayuntamiento debe tomar medidas para restringir o señalizar la situación, especialmente si la pasarela es parte de rutas turísticas promovidas por el propio municipio.

Por lo tanto, resulta crucial determinar si, en el momento del accidente, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado; es decir, si el riesgo de colapso era perceptible para los ciudadanos. Para ello, la jueza ha ordenado a la brigada de policía judicial que recabe pruebas, como fotografías o testimonios de personas que utilizaron la pasarela días antes del incidente.

Además, se prevé que un miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte declare como testigo, justo después de que se escuche a dos ciclistas que alertaron del colapso, a un vecino que contactó con el 112 el día anterior, la operadora que respondió a esa llamada y a los agentes que realizaron la inspección posterior al accidente.