MADRID, 10 de enero. En un contexto de creciente tensión en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho un llamado contundente a la comunidad internacional al acusar al gobierno de Caracas de llevar a cabo "prácticas de terrorismo" con el fin de infundir temor y consolidar un control opresivo sobre la población. Esta declaración surge tras la reciente detención y posterior liberación de la prominente líder de la oposición, María Corina Machado, quien fue arrestada al concluir una manifestación cercana a la capital en la jornada previa a la investidura presidencial.

"La CIDH condena enérgicamente las persistentes prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela y enfatiza que María Corina Machado es beneficiaria de medidas cautelares", así lo indica un comunicado emitido por el organismo internacional, destacado por su labor en la defensa de los derechos humanos en el continente.

El organismo, cuya sede se encuentra en Costa Rica, ha subrayado el "uso sistemático" de estas tácticas intimidatorias por parte del régimen venezolano, que parece estar diseñadas para crear un clima de temor en la población, especialmente con la vista puesta en la investidura presidencial que se llevará a cabo este viernes, donde se anticipa que Nicolás Maduro asumirá el cargo por segunda vez.

La CIDH ha exigido al gobierno que cese de inmediato la represión contra funcionarios de la oposición, defensores de Derechos Humanos y miembros de la prensa. En su comunicado, también solicita la liberación urgente de todos aquellos que han sido detenidos por razones políticas en el país, haciendo referencia a la veintena de casos de "detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas" que se han suscitado desde el inicio de esta semana.

Entre los nombres citados por el organismo internacional figuran el excandidato presidencial Enrique Márquez y Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González. Ambos han sido acusados por el gobierno de haber organizado lo que se califica como una ceremonial paralela a la investidura de Maduro, una acción vista por muchos como un desafío a la legitimidad del proceso actual.

De acuerdo con la CIDH, estos recientes arrestos y desapariciones son un claro indicativo de una escalada en el patrón represivo de las autoridades venezolanas, en respuesta a las manifestaciones de la oposición que cuestionan la legitimidad de la toma de posesión del líder chavista.

Testigos han reportado que las detenciones fueron llevadas a cabo por individuos encapuchados, sin identificación, utilizando vehículos sin placas. Las autoridades del país han mostrado una falta de transparencia al no proporcionar información sobre el estado de los detenidos, desatendiendo así sus obligaciones a nivel internacional, a pesar de los esfuerzos incansables de los familiares por obtener actualizaciones sobre su paradero.

En su declaración final, la CIDH ha instado a las autoridades venezolanas a que informen sobre el destino de quienes han sido detenidos arbitrariamente, resguardando su vida e integridad personal. Además, demandan que se ponga fin a las acciones represivas contra los manifestantes, asegurando que tanto los medios de comunicación como la ciudadanía puedan llevar a cabo la documentación y registro de los eventos sin ninguna clase de restricciones.