El Parlamento Europeo estableció hoy sus líneas de acción para negociar con los países miembros de la Unión Europea una nueva ley contra la difusión de pornografía infantil en línea. Esta ley, exigida por Bruselas, plantea preocupaciones en cuanto a la ciberseguridad y privacidad de los usuarios debido al control masivo de comunicaciones para identificar contenido ilícito.
La comisión europarlamentaria de Justicia e Interior (LIBE) adoptó una postura clara al respecto, con 51 votos a favor, dos en contra y una abstención, oponiéndose a que la Ley para prevenir y combatir el abuso sexual de menores en línea (CSAM) permita una supervisión masiva e indiscriminada de las comunicaciones privadas.
Conscientes de la insuficiencia de las medidas voluntarias por parte de las empresas digitales en la lucha contra el abuso infantil en línea, la Unión Europea trabaja en la obligatoriedad de las órdenes de detección para las grandes plataformas, las cuales deberán informar a las autoridades si detectan material relacionado con pornografía infantil.
Mediante la nueva norma, la cual debe ser negociada entre la Eurocámara y el Consejo (los gobiernos), los países miembros deberán designar una autoridad de coordinación con capacidad para multar a los proveedores que no cumplan con las órdenes de detección. Esta autoridad podrá solicitar a las autoridades judiciales órdenes de detección cuando exista un riesgo considerable de que el servicio en cuestión esté siendo utilizado para la difusión de abusos sexuales a menores.
Las órdenes de detección deben ser consideradas como último recurso cuando otras medidas de mitigación hayan fracasado y las autoridades competentes podrán emitir órdenes de retirada, bloqueo y exclusión.
En su mandato, los eurodiputados insisten en que estas órdenes se limiten al acceso a mensajes de "individuos o grupos sospechosos" de difundir contenido de abuso sexual a menores, basándose en un "grado razonable de sospecha" y estando limitadas en el tiempo, para evitar una vigilancia indiscriminada de Internet.
Asimismo, defienden que los mensajes encriptados de extremo a extremo queden excluidos de las órdenes de detección para garantizar que todas las comunicaciones privadas de los usuarios sigan siendo "seguras y confidenciales". Los proveedores podrán elegir qué tecnologías emplear, siempre y cuando cumplan con las estrictas salvaguardas establecidas por la norma comunitaria.
El cifrado de extremo a extremo (E2EE) es un sistema de encriptación que protege las comunicaciones, permitiendo que solo el emisor y los receptores del mensaje puedan ver su contenido, impidiendo el acceso de terceros o de la propia empresa responsable del servicio. Actualmente, este sistema se utiliza en plataformas como WhatsApp, Messenger de Facebook o Telegram.
"Hemos logrado un compromiso sólido desde el punto de vista legal, respaldado por todos los grupos políticos", celebró el ponente de la posición de la Eurocámara, el eurodiputado Javier Zarzalejos del Partido Popular. Además, destacó que el mandato acordado "respeta el equilibrio entre la protección de los menores y la protección de la vida privada".