En una decisión controvertida, la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, ha presentado un informe el día de hoy en el que se opone a que se investigue a su superior, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el supuesto delito de revelación de secretos que le atribuye el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un extenso informe de 45 páginas, al que tuvo acceso Europa Press, la segunda al mando del Ministerio Público pide "declarar que los hechos no constituyen un delito y archivar el caso".

La decisión de Sánchez-Conde se produce después de que en julio pasado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) remitiera al alto tribunal la denuncia presentada por Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos.

El compañero de Díaz Ayuso llevó el caso a juicio debido a la publicación de un comunicado en el que la Fiscalía de Madrid informaba sobre el intercambio de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto en relación con una investigación de fraude fiscal en su contra. García Ortiz se hizo cargo de esa declaración pública.

El TSJM consideró que la emisión del comunicado "no se ajusta a la supuesta intención que señala el Ministerio Fiscal" (desmentir un rumor), ya que, "además de exceder en su contenido de lo que se divulga en los medios, implica la revelación de datos e información que no deberían ser divulgados a terceros".

Tras la intervención de la Fiscalía, ahora es responsabilidad del Tribunal Supremo determinar si se imputa al fiscal general. La magistrada a cargo es Susana Polo, con el respaldo de los jueces Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.