En la jornada del 16 de noviembre, la Generalitat Valenciana ha dado un paso significativo al dirigir una solicitud al Gobierno de España para que se implementen ayudas directas, a fondo perdido, dirigidas a las familias, empresas y pymes que han sufrido las devastadoras consecuencias de la reciente riada. Alternativamente, se han propuesto préstamos que no generen costes, ya que se ha manifestado una clara oposición a los fondos ICO actualmente disponibles, los cuales requieren ser reembolsados junto a los intereses fijados por las entidades bancarias.

La consellera de Hacienda y portavoz del gobierno autonómico, Ruth Merino, ha expresado su descontento al señalar que "los fondos ICO están destinados a cubrir los costos de las instituciones bancarias, no a las personas, pequeñas empresas y emprendedores que se han visto perjudicados por la inundación". En este sentido, ha subrayado que "los valencianos necesitan apoyo y no una carga adicional de deuda", reafirmando así la postura de la Generalitat en favor de soluciones que alivien la situación de los damnificados, tal como se detalla en un comunicado emitido por el gobierno regional.

Merino también ha aclarado que la reciente Línea de avales ICO, presentada esta semana por el Gobierno Central, no debe considerarse una ayuda directa para los afectados. Más bien, la funcionaria ha destacado que se trata de un adelanto que anticipa las indemnizaciones y ayudas a las que tienen derecho los damnificados. Además, ha advertido que acceder a estos préstamos significa incurrir en costes que agravan aún más la situación de quienes han perdido mucho a causa de la riada.

El esquema financiero propuesto, que cuenta con una asignación de 5.000 millones de euros, implica que el Estado brindará garantías a los préstamos que los bancos otorguen a los afectados. Sin embargo, Merino ha indicado que esta cantidad a priori no representa un alivio directo para los perjudicados, sino un instrumento cuyo único fin es habilitar el acceso al crédito mediante las instituciones financieras adheridas, quienes son las que realmente aportan la liquidez necesaria.

Asimismo, se ha hecho hincapié en que los anticipos y créditos asociados deberán ser devueltos por los afectados, incluidos los intereses pertinentes. La conselleria ha enfatizado que los tipos de interés correspondientes son determinados por las entidades bancarias prestatarias, sugiriendo un panorama en el que el ICO no establece parámetros restrictivos que protejan a los damnificados de intereses excesivos.

Por otra parte, la propuesta del ICO incluye no solo avales para los préstamos destinados a anticipos de ayudas e indemnizaciones, sino también una línea adicional de avales para financiar inversiones o asegurar la circulación de capital. En tales casos, las entidades financieras podrían exigir a los tomadores de estos créditos garantías suplementarias a las que ya proporciona el Estado, creando una capa adicional de complejidad que podría complicar aún más la recuperación de los afectados.