La Conferencia Episcopal Española ha dado un importante paso en la lucha contra los abusos sexuales al comunicar que se han iniciado procesos de indemnización para las víctimas, resaltando que existe una "doble garantía" en estos procedimientos, según lo afirmado por su portavoz en una reciente rueda de prensa.

En un contexto de creciente escrutinio público y de demandas de justicia, la Iglesia católica española ha implementado programas de formación en prevención de abusos, alcanzando a unas 400.000 personas en los últimos dos años. De este total, 280.000 son menores que han recibido formación en colegios, con el objetivo de empoderarles y ayudarles a identificar situaciones de riesgo.

Francisco César García Magán, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, compartió estos avances durante la 126 Asamblea Plenaria de la CEE, que ha reunido esta semana en Madrid a los obispos del país. En dicha rueda de prensa, García Magán presentó un balance del trabajo de las Oficinas de protección al menor, que se han centrado no solo en la formación, sino también en asesoramiento y asistencia jurídica, mejorando así su capacidad de respuesta ante abusos.

Durante la conferencia, se abordó la cuestión de un fondo de compensación expuesto por el Defensor del Pueblo. El portavoz de la CEE aseguró que se están llevando a cabo indemnizaciones, y mencionó que en los casos que han llegado a la vía judicial, ya se están cumpliendo las decisiones de la justicia, con diócesis e instituciones religiosas cumpliendo las órdenes de los jueces.

García Magán también destacó la creación de una nueva vía para tratar casos sin recorrido judicial, donde se han logrado acuerdos extrajudiciales con el objetivo de proporcionar una "reparación integral" a las víctimas. Se busca personalizar la atención basada en las necesidades de cada afectado, ofreciendo desde apoyo psicológico hasta acompañamiento espiritual, siempre respetando la autonomía de cada persona.

Además, subrayó la importancia de garantizar la reparación económica en aquellos casos que no pueden ser tramitados por vía judicial, como en situaciones de prescripción o cuando el acusador ha fallecido. La responsabilidad de la compensación recaerá sobre la diócesis del agresor o el instituto al que pertenecía, y en caso de no poder afrontar estos pagos, la Conferencia Episcopal o la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) se hará cargo, asegurando así una segunda instancia de garantía.