En Madrid, a fecha de 21 de noviembre, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha denunciado públicamente la situación preocupante de algunos trabajadores que se ven obligados por sus empleadores a recuperar horas no trabajadas debido a la reciente DANA. Esta medida coercitiva ha sido objeto de atención, y la Inspección de Trabajo ya está actuando para abordar estos casos que infringen los derechos laborales.

Particularmente en Málaga, la empresa Digi ha sido señalada por los sindicatos, quienes han alertado que se está forzando a los empleados a restituir las horas perdidas durante las severas lluvias que afectaron la región. Este tipo de presión laboral, en un contexto de catástrofe natural, resulta inaceptable, y las autoridades se están movilizando para asegurar que se respeten los derechos de los trabajadores afectados.

El secretario ha instado a las empresas a mantener un comportamiento ético y responsable durante situaciones de crisis como la DANA. “No escatimaremos esfuerzos para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúe en lugares como Málaga, Valencia y cualquier otro lugar donde sea necesario, protegiendo así la vida y los derechos de los trabajadores”, expresó Pérez Rey durante su intervención en RNE, según la información difundida por Europa Press.

En relación a las acciones de la Inspección, el secretario destacó que hasta el momento se han abierto más de un centenar de expedientes contra diversas empresas en las zonas afectadas. Los motivos más comunes incluyen situaciones de riesgo laboral, como exigir a los empleados que se presenten en el trabajo cuando las condiciones de transporte son peligrosas, así como la imposición de condiciones laborales que comprometen la seguridad y la salud de los trabajadores.

En defensa de los derechos laborales y para mitigar las consecuencias de la DANA, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha establecido un robusto sistema de protección laboral. Desde el inicio de la crisis, se han desarrollado diversas medidas para salvaguardar a más de 22.200 trabajadores que están actualmente en ERTE, así como a más de 2.018 empresas que están recibiendo apoyo para no perder sus empleos en esta difícil situación.

Pérez Rey manifestó que el esfuerzo realizado con fondos públicos tiene como objetivo garantizar la protección de la vida laboral de las personas. “Implementamos medidas de protección social, exonera a las empresas de pagos a la Seguridad Social y establece permisos retribuidos, todo ello con el fin de salvaguardar los empleos y las vidas de los trabajadores”, argumentó.

Finalmente, no dudó en calificar de “intolerable, ilegal y moralmente inaceptable” que algunas empresas hayan puesto en riesgo la vida de sus empleados, obligándolos a acudir a trabajar en medio de una emergencia natural. Estas afirmaciones subrayan la necesidad urgente de una mayor responsabilidad y ética empresarial, especialmente en tiempos de crisis.