GRANADA, 8 de enero. La reciente decisión de la jueza de Granada, quien ha suspendido cautelarmente la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, ha levantado un debate sobre la seguridad y el bienestar de los menores en situaciones de posible maltrato. La magistrada ha señalado que el testimonio del niño es tanto "serio" como "convincente", revelando un profundo "temor" por su seguridad y expresando que su integridad física podría estar en "peligro extremo" si regresa a Italia, donde su padre enfrenta acusaciones de maltrato.

En un auto emitido la noche del martes, Susana Álvarez Civantos, jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, tomó esta irreversible decisión después de escuchar atentamente el relato del menor. Esta medida se produce en el contexto de una resolución previa de la Corte de Apelación de Cagliari, que había ordenado la entrega del niño para este 8 de enero, tras haber pasado las fiestas navideñas con su madre en España.

La jueza fundamentó su determinación en la gravedad de la situación presentada por el niño, alineándose con las solicitudes tanto de la Fiscalía de Granada como de la abogacía de Juana Rivas, quienes buscaban proteger al menor. Estas peticiones subrayan la importancia de garantizar un entorno seguro para el niño, reflejada en el auto consultado por Europa Press, el cual es susceptible de apelación.

En su resolución, la magistrada destacó que el padre, Francesco Arcuri, está siendo investigado en Italia por supuestas conductas de maltrato hacia sus hijos, con acusaciones que incluyen violencia física, vejaciones, injurias y amenazas, que habrían provocado en los menores graves niveles de ansiedad y temor. Este contexto de acusaciones graves fue presentado como parte de la documentación aportada al juzgado granadino, extraída de un dictamen de la Fiscalía General de la República en el Tribunal de Apelación de Cagliari.

El relato del niño, que describe un estado de profundo miedo y la necesidad de no regresar con su padre, fue considerado por la jueza como "serio y convincente". El menor expresó en su exploración que "tiene mucho miedo y que no puede volver", lo que refuerza la urgencia de la protección temporal acordada por la jueza en respuesta a la delicada situación.

Frente a esta urgencia, la magistrada tomó la decisión de suspender la entrega del menor al padre en aplicación del Convenio de La Haya, priorizando siempre el "interés superior del menor". Esta resolución se alinea con las solicitudes previas de los representantes legales de Juana Rivas, quienes habían manifestado la necesidad de que el niño permaneciera en España y continuara residiendo con su madre y su hermano, o eventualmente, ser entregado cautelarmente a un centro de protección de menores.

La jueza, después de tomar esta decisión, se ha inhibido para que el asunto sea tratado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada. Este tribunal debe determinar si le corresponde asumir el procedimiento, dado que existe una denuncia por malos tratos presentada por la madre, la cual se encuentra en estado de archivo provisional. Sin embargo, es importante destacar que esta decisión de archivo no es definitiva, ya que está siendo revisada ante el mismo Juzgado de Violencia.