En un giro inesperado de los acontecimientos políticos, la Justicia de Corea del Sur ha otorgado una prórroga para la detención del presidente Yoon Suk Yeol, quien fue destituido por el Parlamento tras la declaración de ley marcial que tuvo lugar a principios de diciembre. Esta situación ha desencadenado una profunda crisis política en el país, desatando indignación y divisiones en la ciudadanía surcoreana.

El Tribunal de Distrito Occidental de Seúl ha accedido a la solicitud de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), luego de que la anterior orden de arresto que se había emitido expirara sin que se concretara el arresto del exmandatario. Yoon, quien permanece resguardado en la residencia presidencial, sigue contando con el respaldo de su equipo de seguridad, lo que complica su detención.

A menos de que se produzcan cambios drásticos, el futuro de Yoon permanece en un limbo incierto. El pasado viernes, los agentes de seguridad bloquearon los accesos a la residencia presidencial, lo que aumenta la tensión alrededor de la situación. De acuerdo con la legislación, si es finalmente arrestado, Yoon solo podrá estar bajo custodia por un máximo de 48 horas antes de ser puesto en libertad nuevamente.

Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre la duración de la nueva prórroga para su detención, se estima que podría ser de aproximadamente siete días, basándose en las dificultades que se presentaron durante la primera solicitud, la cual fue presentada el 30 de diciembre tras la imputación de Yoon por cargos tan graves como incitación a la insurrección y abuso de poder.

En un acto de responsabilidad, el director de la CIO, Oh Dong Woon, ofreció disculpas públicas por no haber logrado llevar a cabo la detención del presidente destituido en el anterior plazo. Prometió que se realizarán esfuerzos para cumplir con la orden en los días venideros, lo que ha generado expectativas sobre cómo se desarrollarán los hechos en esta tensa situación política.