La Organización de las Naciones Unidas ha instado al Gobierno de Venezuela a garantizar la libertad de expresión y el derecho a la manifestación de su población, haciendo hincapié en que estas actividades deben poder realizarse "sin miedo a represalias". Esta petición se produce en un contexto crítico, ya que se aproxima la fecha del 10 de enero, que marca el inicio del nuevo mandato presidencial, y persisten interrogantes sobre los resultados de las elecciones que tuvieron lugar en julio de 2024.

La Misión Internacional Independiente de Investigación ha emitido un contundente llamado ante lo que se considera un eventual punto de inflexión político. Marta Valiñas, quien preside la misión, ha instado a las fuerzas de seguridad a actuar conforme a los "estrictos estándares internacionales" en el uso de la fuerza, especialmente después de que más de 2.400 individuos fueran detenidos en las manifestaciones que siguieron a los recientes comicios.

A pesar de que el Ministerio Público ha informado que más de 1.300 detenidos han recuperado su libertad, la ONG Foro Penal advierte que en las prisiones venezolanas aún permanecen más de 1.800 personas recluidas por motivos políticos. Este hecho resalta un severo contexto de represión que afecta a múltiples sectores de la sociedad venezolana.

Valiñas ha subrayado la necesidad de que cualquier violación de derechos humanos sea investigada de manera rápida, exhaustiva e imparcial, y ha reclamado que los casos sean llevados ante tribunales independientes que respeten el debido proceso. Francisco Cox, otro integrante de la misión, ha señalado que tanto aquellos que ordenan las "detenciones arbitrarias" como aquellos que llevan a cabo actos de "tortura" son penalmente responsables a nivel individual, lo que pone de relieve la dimensión del problema.

Cox también ha manifestado que en Venezuela "el aparato represor permanece completamente operativo", haciendo hincapié en la urgencia de liberar a todos los detenidos de manera arbitraria y en la necesidad de respetar la diversidad de opiniones políticas y sociales.

Desde otro enfoque, la experta Patricia Tappatá ha destacado que la persecución de opositores al régimen no ha cesado; de hecho, ha tomado la forma de un ataque sistemático a la libertad de pensamiento y expresión en el país, lo que evidencia un entorno cada vez más hostil para quienes disienten con las políticas gubernamentales.

El presidente Nicolás Maduro se prepara para asumir un nuevo mandato el 10 de enero, desafiando la ausencia de verificación oficial que respalde su supuesta victoria electoral, ya que los organismos pertinentes, bajo control chavista, aún no han publicado las actas que confirmen su triunfo. Por su parte, el principal candidato opositor, Edmundo González, actualmente en el exilio en España, reclama que debe ser él quien asuma la presidencia e incluso ha prometido retornar a Venezuela para ocupar su puesto.