El Gobierno ha tomado la decisión de retirar la tramitación en el Congreso de la senda de estabilidad presupuestaria, programada para este jueves, con el objetivo de brindar más tiempo para las negociaciones. Esto surge como respuesta al voto en contra anticipado por parte de Junts.

MADRID, 24 Sep.

Según informa 'El País' y confirman fuentes de Hacienda a Europa Press, el Gobierno no logró los apoyos necesarios para sacar adelante la senda de estabilidad presupuestaria y no pudo persuadir a Junts para llegar a un acuerdo que les llevara a votar a favor de los objetivos de estabilidad.

Para el Ejecutivo, retrasar la votación es crucial para explorar todas las posibilidades y alcanzar un pacto beneficioso para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El tiempo adicional permitirá negociar con la formación liderada por Carles Puigdemont.

De este modo, la votación quedará pendiente, evitando así una nueva derrota en el Congreso debido a la falta de respaldo parlamentario.

Este sería el cuarto debate sobre objetivos de estabilidad en lo que va del año, ya que las cuentas presentadas para los Presupuestos de 2024 no pudieron ser tramitadas debido al adelanto electoral en Cataluña, manteniéndose los objetivos del año 2023.

La intención de posponer la tramitación es ofrecer una oportunidad más al diálogo y a las negociaciones. Desde Hacienda se resalta la importancia de no resignarse a que la negativa del PP genere repercusiones graves para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que podrían perder acceso a cerca de 12.000 millones de margen presupuestario si no se aprueban nuevos objetivos.

El Gobierno recuerda que la senda de estabilidad contó con el respaldo de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, flexibilizando los objetivos de déficit para las CCAA y los ayuntamientos en los años 2025 y 2026.

En cuanto a la deuda pública, se busca que el conjunto de las administraciones la reduzca al 103,6% del PIB en 2025, descendiendo aproximadamente dos puntos en 2026 y al 99.7% en 2027. Por otro lado, las comunidades autónomas tendrían una deuda del 20,8% del PIB en 2025, bajando progresivamente en los años siguientes.

Además, el límite de gasto financiero se establece en 199.171 millones de euros e incluye una transferencia del Estado a la Seguridad Social de 22.881 millones de euros, lo que representa un aumento del 7% con respecto a los Presupuestos de 2023. La Seguridad Social tendría permitido un déficit del 0,25% en los próximos tres años.