El actual conflicto en torno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tomado un giro inesperado con la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de su gabinete, quien ha sido llamado a testificar en el Tribunal Supremo. Rodríguez se enfrenta a la acusación de haber orquestado una operación política contra Ayuso, cuestión que él ha rechazado rotundamente, mientras se desvela una trama que involucra un intercambio de correos electrónicos con información delicada.

En su testimonio, Rodríguez admitió haber difundido uno de los correos electrónicos del fiscal que estaba investigando al novio de Ayuso, Alberto González Amador. Sin embargo, especificó que no tenía conocimiento de un correo anterior en el que se sugería reconocer dos delitos fiscales como parte de un acuerdo. Esta confesión se presenta en el marco de la investigación que busca arrojar luz sobre el papel del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en la supuesta filtración de información privilegiada.

El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, solicitó la comparecencia de Rodríguez para esclarecer el origen de la filtración de correos electrónicos que revelan detalles del proceso judicial que afectaba a González Amador. Los intercambios de esos correos comenzaron a ser publicados el 13 de marzo, lo que impulsó a la Fiscalía a emitir un comunicado al día siguiente.

Rodríguez defendió su actuación al comentar que el correo del fiscal Julián Salto que él compartió no comprometía a la defensa de González Amador. "El texto del fiscal dice que no hay obstáculo para llegar a un acuerdo si así lo consideran", explicó, planteándose por qué no se había mencionado antes un correo que podría haber cambiado la narrativa, sugiriendo que la filtración tiene tintes políticos.

Señaló también que cree que el presidente del Gobierno ha diseñado una "operación política" con el objetivo de perjudicar a un rival del ámbito político madrileño. Para Rodríguez, si el noviazgo de González Amador con Ayuso no fuese un factor, este caso habría sido resuelto por la Agencia Tributaria mucho antes, como ocurre con cientos de casos que se manejan a diario.

Además, insistió en que el fiscal general del Estado debe ser juzgado y condenado como medida ejemplar para prevenir la divulgación de información confidencial de ciudadanos. “No debería ser permitido que se expongan los expedientes personales de nadie, ya sea un fiscal, un médico o un simple ciudadano. El establecimiento de un precedente claro es esencial para la protección de la privacidad de los ciudadanos”, concluyó.

La invitación a testificar se dio en respuesta a las alegaciones presentadas por ambos fiscales, quienes aseguraron que Rodríguez había tenido acceso a estos correos incluso antes de su difusión pública. Concluyeron que era esencial entender quién había proporcionado acceso a dicha información y cuándo ocurrió realmente dicha circulación de datos.

El magistrado también convocó a ocho periodistas que habían cubierto la noticia en la noche del 13 de marzo. De estos, dos comparecieron el mismo día de la declaración de Rodríguez, mientras que los otros están citados para comparecer en fechas posteriores. La Abogacía del Estado aboga por esclarecer quién fue el primero en difundir el contenido del correo y el momento exacto de dicha difusión, dado que estas respuestas son fundamentales para el caso.

La cobertura mediática de esta trama comenzó a las 21:29 del 13 de marzo, cuando 'El Mundo' dio la primicia sobre la oferta de acuerdo a González Amador. A partir de ahí, la Fiscalía tomó medidas para rastrear todos los correos intercambiados, lo que llevó a un intercambio rápido de información entre medios de comunicación como La Sexta y 'El Mundo' que continuó durante la noche y al día siguiente.

Finalmente, los Servicios Jurídicos del Estado solicitaron al Tribunal Supremo la recuperación de las publicaciones originales de La Sexta y 'El Mundo', ya que consideran que es poco probable que en el corto intervalo de diez minutos, los fiscales tuvieran tiempo suficiente para filtrar el contenido y que los medios de comunicación desarrollaran y publicaran la noticia.