El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha generado polémica al anunciar este lunes que los solicitantes de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que dicen ser saharauis perseguidos podrían ser deportados si la ley no les ampara y así lo dictamina un tribunal.

En declaraciones desde un centro penitenciario en León, donde ha participado en la celebración de la patrona de Instituciones Penitenciarias, el ministro aseguró que el Ministerio del Interior se mantendrá en el cumplimiento de la legalidad nacional e internacional, respaldado por decisiones judiciales.

Ante la posibilidad de expulsar a ciudadanos procedentes de Marruecos, Grande-Marlaska afirmó que aquellos que no cumplan con los requisitos para ser considerados acreedores de protección internacional podrían ser deportados, retornados o devueltos, siempre con la ratificación de un juez.

"El cumplimiento de la ley es nuestro marco de actuación", subrayó el ministro, reiterando que en el Ministerio del Interior se garantiza el respeto a las normas vigentes.

Previamente, fuentes del Ministerio del Interior revelaron que una decena de ciudadanos marroquíes, recluidos en la sala de asilo de Barajas, habían iniciado una huelga de hambre, aunque cinco de ellos habían aceptado alimentos este lunes.

En este contexto, representantes de Podemos visitaron el aeropuerto para mostrar su apoyo a los "saharauis retenidos", denunciando las condiciones inhumanas en las que se encuentran y cuestionando la actitud del Gobierno ante este caso.

Según el Ministerio del Interior, en la sala de asilo del aeropuerto madrileño se encuentran actualmente 57 ciudadanos marroquíes, de los cuales diez han decidido iniciar una huelga de hambre, aunque solo cinco han rechazado la comida hasta el momento.

El personal sanitario permanece alerta ante cualquier eventualidad que requiera asistencia específica, aunque no ha sido necesaria hasta el momento, según las autoridades.

Por su parte, la abogada de los huelguistas ha denunciado que casi treinta saharauis han pasado su primera noche en huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas, alegando ser activistas perseguidos en su país y solicitando protección internacional.

La problemática con los solicitantes de asilo que hacen escala en Barajas llevó al Gobierno a intervenir meses atrás para evitar el colapso de las instalaciones, implementando visados de tránsito en algunos casos para evitar posibles fraudes durante las escalas en la capital española.