Madrid, 21 de noviembre. La reciente escalada del conflicto en Siria ha cobrado una vida exorbitante tras el ataque aéreo del Ejército de Israel sobre la histórica ciudad de Palmira, donde el número de víctimas fatales ha ascendió a 61 y más de 50 personas han resultado heridas, así lo ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Este informe contrasta con la cifra proporcionada por el Gobierno sirio, que inicialmente había documentado 36 decesos.

De acuerdo al Observatorio, que opera desde su sede en Londres y cuenta con una red de informantes en el terreno, la composición de las víctimas es alarmante. Entre los fallecidos se encuentran 33 combatientes proiraníes de origen sirio, muchos de los cuales son miembros de las fuerzas gubernamentales. Además, han sido reportados 22 militantes de nacionalidad no siria, predominantemente ligados a la milicia Harakat Hezbolá al Nujaba, así como cuatro integrantes del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

No obstante, la tragedia no termina ahí, ya que el organismo indicó que hay dos víctimas aún no identificadas y que el conteo podría incrementarse, dado que hay heridos en condiciones críticas. Las secuelas de este ataque se sienten no sólo en los combatientes; entre los heridos se contabilizan al menos siete civiles, un recordatorio desgarrador del costo humano de este conflicto.

En respuesta a la ofensiva militar israelí, que tuvo lugar alrededor de las 13:30 hora local, el Ministerio de Defensa de Siria publicó un informe factual que confirmaba 36 muertes y 50 heridos en Palmira, una ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad. Las fuerzas israelíes realizaron una serie de bombardeos que impactaron varios edificios residenciales y la zona industrial de la región, tal y como se detalla en un comunicado de su perfil oficial en Facebook.

El ataque ha provocado la condena inmediata del Ministerio de Exteriores sirio, que califica el suceso como un "crimen horrendo" perpetrado por Israel. Según su declaración, estas acciones reflejan la continua agresión "sionista" contra naciones y pueblos de la región. Asimismo, señalaron con frustración el estancamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sugiriendo que el derecho a veto de ciertos miembros, incluyendo a Estados Unidos, obstaculiza la posibilidad de una respuesta coherente ante tales atrocidades.