Desde Madrid, el 5 de noviembre, se ha presentado un nuevo anteproyecto de Ley de Actividades Espaciales que tiene como objetivo esencial ordenar de manera estructurada todas las actividades relacionadas con el espacio bajo la jurisdicción de España. Esta legislación propone establecer requisitos que reducirían la cantidad de basura espacial y exigiría a los operadores contar con seguros o garantías financieras adecuadas para llevar a cabo sus proyectos.

El primer borrador de esta Ley del Espacio, que ha sido accesible a través de Europa Press, enfatiza la necesidad de una regulación que permita al sector espacial español desarrollarse de forma sostenible y a largo plazo. Para ello, se resalta la importancia de integrar compromisos internacionales y priorizar aspectos de seguridad y defensa, así como enfrentar los desafíos tanto industriales como científicos que enfrenta el país en este contexto.

Este enfoque integral, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, busca abordar de manera adecuada los principales desafíos que enfrenta el sector espacial actualmente, destacando la necesidad de un marco regulatorio que garantice la seguridad, la sostenibilidad y una correcta gestión de las infraestructuras espaciales.

Dentro de los objetivos de la ley se encuentra la creación de un régimen uniforme de autorizaciones, el refuerzo de los estándares de seguridad y la incorporación de mecanismos adecuados para asegurar las actividades espaciales, además de actualizar el registro de objetos espaciales. También se plantea promover la cooperación entre la industria y los centros de investigación, así como avanzar en la regulación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de este sector.

Con esta normativa, se espera que España pueda establecer un marco sólido que no solo garantice la seguridad jurídica, sino que también permita al país cumplir con sus compromisos internacionales y convertirse en un actor competitivo en el ámbito espacial del siglo XXI.

Actualmente, aquellos que desean llevar a cabo lanzamientos de satélites o establecer infraestructuras espaciales se enfrentan a la falta de un procedimiento claro que estipule requisitos técnicos, financieros y de seguridad. La ausencia de un marco normativo común puede limitarlos y crear inseguridad para los implicados, así como dificultar el cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con la autorización y supervisión de estas actividades.

Por ello, el anteproyecto de ley busca instituir la obligatoriedad de obtener una autorización para realizar actividades espaciales, lo cual incluiría requisitos básicos que se alineen con el marco europeo de seguridad y sostenibilidad, otorgada por una autoridad nacional, como podría ser la Agencia Espacial Española.

Además, el marco actual no requiere que los operadores cuenten con planes de emergencia o de seguridad cibernética, ni que participen en sistemas de vigilancia del espacio. El texto aboga por abordar estos aspectos y que se integren en los procesos de autorización para la realización de actividades espaciales.

Asimismo, la legislación abordará la creciente problemática de los desechos espaciales, que representan un riesgo para futuras misiones, y buscará mitigar los impactos medioambientales asociados a lanzamientos y reentradas. Se proponen pautas para diseñar prácticas responsables que garanticen la correcta operación y eliminación de objetos espaciales, así como la protección del medio ambiente terrestre frente a la contaminación lumínica.

El documento destaca también que, de acuerdo con los tratados internacionales, los Estados son responsables de los daños causados por los objetos espaciales bajo su jurisdicción. Sin embargo, en España aún no se cuenta con un sistema que gestione adecuadamente la responsabilidad financiera de los operadores, lo que podría suponer un riesgo para el erario público y afectar la confianza internacional.

Por esto, el Gobierno considera fundamental establecer una regulación nacional que se ajuste a las necesidades de la actividad espacial y que contemple las garantías necesarias para los operadores.

El proyecto también contempla la actualización del Registro Español de Objetos Espaciales, creado en 1995, para ser gestionado por la Agencia Espacial Española, que se encargará de coordinar el desarrollo y crecimiento de la industria espacial española mediante un marco normativo sólido y duradero.

El Gobierno subraya que fortalecer la seguridad jurídica y desarrollar instrumentos adecuados será clave para capitalizar los beneficios derivados de la democratización y comercialización del acceso al espacio. Así, reconoce la importancia del sector espacial y de los centros de investigación, tanto civiles como militares, como motores de innovación y competitividad en este ámbito.

La colaboración entre estas áreas sería vital para optimizar recursos, transferir tecnología y crear sinergias que permitan el desarrollo de las infraestructuras necesarias para la seguridad nacional. La normativa también resalta la necesidad de fomentar la colaboración público-privada, captar nuevas inversiones y formar talento especializado para apoyar el crecimiento de esta sector emergente.

En lo que respecta a espaciopuertos y otros tipos de infraestructuras espaciales, el anteproyecto llama a fortalecer la regulación para apoyar el creciente interés en establecer instalaciones de lanzamiento y seguimiento, reconociendo que la falta de un marco regulatorio claro genera incertidumbre para los inversores y administraciones, a pesar de que la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional ya reconoce el acceso al espacio como una capacidad estratégica que debe ser desarrollada y sostenida en el tiempo.