La reciente modificación legal impulsada por el PNV en el ámbito de la Justicia ha generado una controversia significativa, ya que Podemos ha solicitado su derogación antes de que entre en vigor.

Con la nueva normativa, la aceleración de los desahucios en casos de ocupación con allanamiento de morada se hará efectiva a partir del próximo mes de abril, a menos que en este período se apruebe una nueva ley orgánica que anule esta disposición, tal como ha exigido Podemos al Gobierno.

Este cambio fue introducido por el PNV durante una sesión en el Pleno del Congreso, con la colaboración del PP y Junts. La modificación logró apoyos inesperados de Bildu y ERC, quienes luego admitieron haber cometido un error en su votación. En contraste, tanto el PSOE como Sumar y Podemos se opusieron a la medida, mientras que Vox decidió abstenerse.

La enmienda del PNV fue finalmente incorporada al proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que continuó su tramitación legislativa sin alteraciones en este artículo polémico.

La modificación específica afecta al artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permitiendo que los delitos de usurpación de morada y allanamiento de morada sean tratados por procedimientos abreviados, conocidos como juicios rápidos. Esta medida tiene como boleto acelerar tanto la resolución de los casos como las órdenes de desahucio correspondientes.

Este viernes, la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, estipulando su entrada en vigor dentro de tres meses, es decir, el 3 de abril, momento en el cual se implementará la aceleración de los desahucios mencionados.

Para facilitar la aprobación de la ley en su última votación, Podemos anunció que el Gobierno se había comprometido a derogarla, lo que implicaría que el Ejecutivo trabajara en otra ley orgánica que rectificara esta modificación. Sin embargo, tanto el PNV como Junts, en combinación con el PP y Vox, han manifestado su oposición a tal iniciativa.

El PNV ha expresado su fuerte descontento ante los comentarios de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, sobre la derogación de este cambio legal. Aitor Esteban, representante del PNV, aclaró que la propuesta tiene como objetivo el desalojo de ocupantes que han ingresado de manera ilegal en propiedades ajenas, subrayando que esta legislación no se refiere a familias en situación de vulnerabilidad que enfrentan dificultades para pagar su alquiler.