El próximo 20 de mayo, España dará un paso significativo en la regulación de la migración con la implementación de un nuevo Reglamento de Extranjería. Este marco legal permitirá la regularización de alrededor de 900.000 migrantes en el periodo de tres años, marcando un punto de inflexión en la política migratoria del país. La iniciativa, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), promete simplificar los procedimientos existentes, eliminar duplicidades y ofrecer una estructura que garantice a los migrantes el rigor jurídico que merecen.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, compartió detalles sobre esta reforma en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Saiz destacó que el decreto tendrá plena vigencia en seis meses tras realizar las adecuaciones necesarias. Ha reconocido que estos cambios implican ajustes no solo en el personal dedicado a este ámbito, sino también en diversas normativas que deben adaptarse a la nueva realidad.

Para llevar a cabo esta ambiciosa reforma, se está trabajando en la adaptación de las oficinas de extranjería y de las delegaciones de gobierno. La ministra enfatizó que se busca disminuir la burocracia que a menudo dificulta el acceso a estos trámites, de manera que no se sume una carga adicional a los migrantes que ya enfrentan diversas vicisitudes.

Calificando esta reforma como “una medida muy potente”, Saiz subrayó que su objetivo principal es ampliar los derechos de los migrantes en España. Esto se hace en respuesta a la evolución del fenómeno migratorio y la necesidad de un marco legal que se ajuste a las realidades cambiantes que enfrentan las personas migrantes.

El documento publicado refleja la decisión de establecer un nuevo reglamento que integre las necesarias reformas para lograr una atención más eficaz. Entre otras cosas, se plantean la simplificación y agilización de los procedimientos, evitando la presentación excesiva de documentación y eliminando la doble verificación de requisitos. También se pretende acortar los tiempos de espera para distintas vías de regularización y clarificar qué situaciones permiten modificar el estatus migratorio de los solicitantes y sus familiares.

En relación a los arraigos, el nuevo reglamento introducirá cinco modalidades: social, socioformativo, sociolaboral, familiar, y el arraigo de segunda oportunidad. Una de las innovaciones más significativas es la reducción del tiempo de permanencia en España de tres a dos años, así como la flexibilización en los requisitos necesarios para acceder a este estatus. A partir de ahora, los migrantes podrán trabajar tanto por cuenta ajena como propia desde el primer momento de su regularización.

La ministra también destacó que esta reforma beneficiará a estudiantes extranjeros, quienes podrán acceder rápidamente a oportunidades laborales una vez finalicen sus estudios. Asimismo, se contemplan disposiciones para la reagrupación familiar, especialmente para hijos hasta 26 años y para aquellos que han sido víctimas de violencia de género, trata o violencia sexual, permitiendo una mayor protección y apoyo a este grupo vulnerable.

Saiz afirmó que cada caso será examinado de forma individualizada, priorizando la transparencia y proporcionando la información necesaria para que cada solicitante conozca su situación y opciones. Se busca eliminar procesos burocráticos innecesarios, haciendo más accesibles los derechos que cada persona tiene.

Entre otras innovaciones, se incluirá una autorización específica de residencia y trabajo, que aliviará el proceso tanto para contratación individual como colectiva, facilitando así la regularización de migrantes que hayan sufrido explotación laboral.

En conclusión, la ministra resaltó que España avanza hacia un modelo más humano y compasivo en la gestión migratoria, defendiendo así no solo una política integral dentro de sus fronteras, sino también en el ámbito internacional, centrada en la protección de los derechos humanos.