Nuevo reglamento impulsa el acogimiento familiar para proteger a niños y adolescentes.
En un paso significativo hacia la protección de los derechos de los más jóvenes, el Ministerio de Juventud e Infancia ha iniciado este lunes un proceso de consulta pública para el desarrollo de una nueva legislación que busca fortalecer el acogimiento familiar, considerado como la principal opción de resguardo para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Según cifras reveladas en el último boletín estatístico sobre medidas de protección, se ha registrado una preocupante disminución en el acogimiento familiar, que ha pasado del 53% en 2020 al 51% en 2023. Este descenso es aún más alarmante al observar que alrededor de 1.200 niños entre 0 y 6 años están actualmente en centros de acogida residencial, lo que contraviene lo establecido por la normativa vigente.
Ante este preocupante escenario, la ministra Sira Rego ha subrayado la urgencia de implementar un nuevo marco legal que no solo potencie el acogimiento familiar, sino que también promueva una cultura de apoyo y solidaridad en torno a esta práctica, incentivando a más familias a considerar la acogida como una opción viable.
La propuesta también incluye la instauración de métodos que prioricen la transición de los más pequeños, entre 0 y 6 años, hacia entornos de acogimiento familiar, buscando así reducir el tiempo que pasan en sistemas de protección institucional.
Con esta iniciativa, el Ministerio pretende alinear sus acciones con la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados comunitarios, que asegura que todos los niños y adolescentes tengan la oportunidad de crecer en un ambiente familiar que garantice su bienestar y desarrollo integral. En esta consulta, se destaca la necesidad de abordar el acogimiento familiar desde una óptica de derechos, poniendo el bienestar infantil en el centro de la discusión.
El proceso de consulta pública también busca determinar el marco normativo más adecuado que regule el acogimiento familiar, enfatizando la importancia del interés superior del menor y la protección integral de la infancia. La falta de regulación adecuada, según el Ministerio, podría constituir una violación de los derechos fundamentales de los niños y niñas en nuestro país.