En un contexto cada vez más crítico, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Servicio Jesuita Migrante (SJM) y Accem han hecho un llamado urgente para que en 2025 se garantice una participación "real y efectiva" de las organizaciones que trabajan con refugiados y solicitantes de asilo. Estas entidades han expresado su "preocupación" por el reciente pacto europeo sobre migración, que está generando un intenso debate.

Desde CEAR, su directora general, Mónica López, ha compartido una inquietante reflexión en declaraciones a Europa Press, advirtiendo que el borrador del plan de implementación del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea (UE) ha dejado a las ONG en un plano secundario. "Es cierto que uno de nuestros objetivos tanto para 2024 como para el desarrollo legislativo de 2025 es asegurar que la sociedad civil y las entidades involucradas en la atención a personas refugiadas tengan una participación plena y efectiva", ha señalado López, enfatizando la importancia de estas voces en el proceso de toma de decisiones.

López también ha señalado que el año 2024 ha estado profundamente influenciado por el mencionado pacto europeo, en términos de regulaciones migratorias. Su preocupación se centra en que estas medidas podrían conllevar vulneraciones de derechos para las personas migrantes, especialmente en relación con posibles extensiones en los períodos de detención. "El reto para el próximo año será redefinir el procedimiento de asilo en España mediante una nueva ley", ha afirmado, destacando la necesidad de cambios fundamentales en el sistema.

Al abordar la situación de las llegadas de migrantes este año, López indicó que, aunque no ha habido un "desbordamiento" del sistema de acogida, la situación requiere de un trabajo constante para consolidar una estructura capaz de cubrir las necesidades. "Sabemos que todos los años habrá llegadas, y por ello, es esencial contar con una capacidad de acogida adecuada, así como planes y protocolos que funcionen sin necesidad de ser reorganizados cada vez que se presente una nueva situación", enfatizó.

En cuanto a la situación de protección internacional en España, CEAR se mantendrá "vigilante" en 2025 respecto a la respuesta del país ante las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios, especialmente tras la caída del régimen de Bashar al Assad. Esta atención es crucial, dado el contexto de inestabilidad en el que se encuentran muchos de estos refugiados.

CEAR también ha expresado su confianza en que las comunidades autónomas, junto con el Gobierno, puedan alcanzar un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería, especialmente en relación con los menores no acompañados que llegan a España. López ha manifestado su deseo de que esta modificación incluya un mecanismo obligatorio para la distribución adecuada de estos niños, subrayando la necesidad de un enfoque humanitario y justo.

Finalmente, la directora de CEAR ha resaltado que el año 2025 será un periodo en el que la organización prestará "especial atención" a los discursos de odio dirigidos hacia colectivos vulnerables, incluyendo a las personas migrantes, en un momento en que la xenofobia está en aumento y necesita ser abordada con urgencia.

Por su parte, Accem también ha hecho eco de sus preocupaciones, criticando cómo los menores migrantes no acompañados han sido objeto de una "sobreexposición pública no justificada", convirtiéndose en blanco de ataques deshumanizantes y criminalizadores por parte de grupos que promueven el odio y la xenofobia. La ONG ha enfatizado que es fundamental centrar la atención en los derechos de la infancia al abordar el apoyo social para estos menores.

En relación al Pacto de Migración y Asilo de la UE, Accem ha expresado su preocupación por las medidas que considera "alarmantes", instando a que su aplicación en España sea coherente y se integre adecuadamente en las políticas migratorias existentes en el país.

Asimismo, el Servicio Jesuita Migrante ha manifestado su inquietud por el pacto, describiéndolo como "incierto". Ha advertido que podría resultar en un aumento en la detención de migrantes y en procesos más acelerados para la resolución de solicitudes de asilo, lo cual podría llevar a una rápida devolución de personas a países donde corren riesgo.

Otra de las exigencias del SJM es la creación de "vías seguras y legales" para que los migrantes puedan buscar un futuro mejor sin enfrentar peligros adicionales. Es lamentable que, en pleno siglo XXI, tantas personas sigan arriesgando sus vidas intentando alcanzar un lugar seguro.

En cuanto a la situación actual en España, entre enero y diciembre de este año se han contabilizado 60,216 llegadas irregulares de migrantes, lo que representa un aumento del 14.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En particular, 43,737 personas han llegado a las Islas Canarias. En los últimos días de diciembre, casi mil migrantes irregulares alcanzaron las costas canarias, con un incremento alarmante en las cifras, sin mencionar el traumático naufragio de una embarcación que dejó cerca de 70 desaparecidos.

Además, solo en el último fin de semana del año, más de 1,200 migrantes llegaron a Canarias, sumando a esta crisis la llegada de más de un centenar de personas en situación irregular a Baleares en diversas pateras. Estos hechos subrayan una vez más la urgente necesidad de un enfoque más humano y coordinado frente a la migración, que priorice la dignidad y los derechos de cada persona.