24h España.

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ONU aboga por preservar la memoria histórica en España ante leyes de concordia de PP y Vox.

ONU aboga por preservar la memoria histórica en España ante leyes de concordia de PP y Vox.

La Organización de Naciones Unidas ha emitido un comunicado en el que insta al Gobierno de España a tomar medidas para preservar la memoria histórica y evitar que se invisibilicen las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante el régimen franquista.

En respuesta a las leyes de concordia impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, los relatores de la ONU han expresado su preocupación por el posible impacto negativo en la preservación de la memoria histórica.

El Gobierno central presentó una denuncia ante la ONU argumentando que estas normativas van en contra de los valores de la Ley de Memoria Democrática aprobada anteriormente.

Según el informe de la ONU, las leyes de concordia pueden limitar el acceso a la verdad sobre las violaciones de Derechos Humanos y dejar en la sombra los crímenes cometidos durante la dictadura franquista.

Los relatores han instado al Gobierno de Pedro Sánchez a garantizar el respeto de los estándares internacionales de Derechos Humanos en lo que respecta a la preservación de la memoria histórica de las víctimas.

Además, el informe destaca la importancia de reconocer y reparar a todas las víctimas, sin discriminar entre los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la guerra civil.

Por tanto, se hace un llamamiento a todos los poderes del Estado y entidades gubernamentales a nivel nacional, regional y local para cumplir con la obligación de proteger los Derechos Humanos y garantizar la preservación de la memoria histórica.

Los relatores también advierten sobre el riesgo de que estas leyes puedan obstaculizar el derecho a conocer la verdad y la libertad de asociación, así como fomentar la aparición de tesis revisionistas y negacionistas.

El informe fue firmado por el relator especial Fabian Salvioli, la presidenta del Grupo de Trabajo Aua Baldé y el relator especial Morris Tidball-Binz.

Con esta declaración, la ONU responde a la denuncia presentada por el Gobierno contra las leyes de concordia aprobadas en Aragón y en trámite en Castilla y León y la Comunidad Valenciana.