Organizaciones progresistas tomarán medidas tras fallo del Tribunal Supremo sobre 12 casos de devolución de menores declaradas ilegales.

Organizaciones progresistas tomarán medidas tras fallo del Tribunal Supremo sobre 12 casos de devolución de menores declaradas ilegales.

Las ONG Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios han anunciado que tomarán "acciones oportunas" después de que el Tribunal Supremo declarara ilegales otras 12 devoluciones de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos el 16 de agosto de 2021.

En un comunicado conjunto, las ONG han expresado: "Estudiaremos la situación individual de cada uno y tomaremos las acciones necesarias para restablecer sus derechos y reparar el daño sufrido, así como la violación de su derecho a la integridad física y moral, tal como ha reconocido el Tribunal Supremo".

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por la Delegación del Gobierno y la ciudad de Ceuta, afirmando que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los jóvenes y que no se consideró el interés superior del menor.

Hace cuatro días, el Tribunal Supremo confirmó que la devolución de ocho menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en 2021 fue ilegal debido a la "absoluta falta de cumplimiento" de las disposiciones de la Ley de Extranjería.

Las organizaciones Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, Elin, ExMenas Madrid, Fundación Raíces, Gentium, Maakum y No Name Kitchen han denunciado la "ilegalidad" de estas repatriaciones a través de diferentes vías.

Las ONG explicaron: "De los ocho menores mencionados en la sentencia 86/2024, todos han cumplido ya 19 años y uno tiene 20. Inicialmente, todos fueron repatriados. Solo dos de ellos lograron regresar a nado, arriesgando nuevamente sus vidas. De los seis que se quedaron en Marruecos, todos han sido localizados, uno de ellos se encuentra en una situación de abandono absoluto, viviendo en la calle desde entonces y en una situación de deterioro y riesgo significativos".

Además, han explicado que de los 12 menores afectados por esta nueva sentencia, dos todavía son menores de edad, uno está en Ceuta y otro en Marruecos, cinco acaban de cumplir 18 años, cuatro tienen 19 años y uno ya cumplió los 20 años. También han señalado que seis de ellos se encuentran en España, "bien porque su repatriación fue detenida gracias a las medidas cautelares adoptadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Ceuta, o porque después de ser repatriados volvieron a cruzar la frontera por sus propios medios, poniendo nuevamente en riesgo su integridad".

Uno de los jóvenes afectados es Abdelhakim Zerrad, de 19 años, quien arriesgó su vida para regresar a España después de ser repatriado. Actualmente, trabaja en Vigo como ayudante de cocina en un restaurante colaborador del Programa 'Cocina Conciencia', de Fundación Raíces. "Dijimos que éramos menores. Nadie nos escuchó. La policía nos llevó engañados a la frontera, nos dijeron que nos llevarían a otro centro de acogida en Ceuta", aseguró Abdelhakim.

Javier Baeza, presidente de Coordinadora de Barrios, ha destacado que la sentencia "recuerda a las autoridades que no puede haber recortes en los derechos de la infancia". Baeza también enfatizó la necesidad de reparar el daño causado a los niños afectados, reconstruir su confianza y garantizar que algo así no vuelva a suceder.

La abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, ha indicado que el pronunciamiento de la justicia es "claro" y que las devoluciones de los niños fueron "expulsiones colectivas" y están prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. "Fue una grave violación que puso en grave riesgo a 55 niños. Este pronunciamiento del Tribunal Supremo debe contribuir a frenar las violaciones de derechos en nuestras fronteras", agregó.

La presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, ha expresado su preocupación por el hecho de que "en un Estado de Derecho, sea el Ministro del Interior y el Gobierno quienes no asuman la jurisprudencia y nieguen validez a los hechos probados en los tribunales".

La abogada de Fundación Raíces, Paloma García, ha destacado la necesidad de exigir a la Administración del Estado y de la Ciudad de Ceuta que dejen de obstaculizar a estos niños y jóvenes y cumplan voluntariamente con las sentencias. García también resaltó que está en juego la reputación de España como Estado de Derecho.

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