Peinado anuncia el miércoles que el 'caso Begoña Gómez' se llevará a juicio con jurado popular.
El magistrado Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha convocado para este miércoles a las 12:00 horas a las partes implicadas, incluyendo defensas, acusaciones y la Fiscalía, para comunicarles su intención de llevar el caso a un jurado popular si llega a juicio.
Peinado está claramente centrado en presuntos delitos que incluyen tráfico de influencias, corrupción empresarial, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. En un auto emitido el pasado 20 de marzo, el juez indicó que durante la investigación se han hallado indicios de los delitos que corresponden a un tribunal de jurado, fundamentando así su decisión.
Es importante recordar que la Audiencia Provincial de Madrid había bloqueado en febrero el intento de Peinado de trasladar el caso a un juicio con jurado, luego de que la defensa de Gómez presentara un recurso. Los magistrados de la Audiencia argumentaron que carecían de "indicios racionales de criminalidad" que justificaran esa medida.
En su reciente auto, Peinado sugiere que Begoña Gómez habría aprovechado su relación con el presidente para promover su carrera en la Universidad Complutense de Madrid, logrando así acceso importante a directivos del centro académico, empresas patrocinadoras y entidades del sector tecnológico.
El juez subraya que la relación con Sánchez influye en la conducta de cualquier ciudadano debido al poder que él ejerce en la toma de decisiones. Además, indica que Gómez buscaba financiación y apoyos para fundar y desarrollar una cátedra universitaria, de la cual, supuestamente, se habría apropiado de manera indebida.
Según las afirmaciones de Peinado, se solicitó y se obtuvo la creación de una cátedra extraordinaria específicamente para su dirección, lo que le permitió contratar a su amiga Cristina Álvarez, quien también está siendo investigada. Esta relación de trabajo iba más allá de tareas protocolares, extendiéndose a actividades privadas de Gómez.
El auto menciona que Álvarez no era vista solo como una asistente, sino como parte integral del equipo del proyecto relacionado con el 'software' en la cátedra. El juez aclara que su intención no es anticipar un juicio o un sobreseimiento, sino evaluar la verosimilitud de lo investigado, insinuando que Gómez habría utilizado su posición para influir en la adjudicación de contratos públicos en beneficio del empresario Juan Carlos Barrabés, otro de los investigados.
Begoña Gómez ha decidido impugnar la resolución de Peinado, alegando que se basa en conjeturas y suposiciones. Su defensa solicita que se anule el auto del juez, argumentando que las pruebas citadas carecen de fundamento o están sobre valoradas por el instructor.
La defensa argumenta que la única conclusión válida es que su clienta está siendo investigada por su vínculo marital con el presidente, tachando de confusa la redacción del magistrado. Además, advierten que la falta de justificación adecuada podría poner en riesgo su derecho a un juicio justo, especialmente en un contexto mediático que favorece un juicio paralelo debido a la cobertura extensiva de los medios y las presiones del ámbito político.