En un impactante informe divulgado este lunes, la Policía Civil de Río de Janeiro reveló que la devastadora operación contra el Comando Vermelho (CV) dejó un saldo trágico de 121 fallecidos, entre los cuales se encontraban al menos dos menores de edad. Además, más de 50 personas involucradas en el operativo no contaban con orden judicial alguna, lo que genera una profunda preocupación sobre el protocolo utilizado durante el ataque, que se ha catalogado como el más letal en la historia del estado fluminense.

De acuerdo con datos del diario 'Folha', entre los fallecidos se contaban dos adolescentes de 14 y 17 años, así como otros tres individuos que alcanzaron la mayoría de edad justo el día previo a la redada. Esta información pone de manifiesto las consecuencias trágicas que la violencia policial puede tener sobre la juventud y la necesidad urgente de revisar los métodos empleados por las fuerzas del orden.

El informe también indica que, de los 115 civiles muertos identificados, menos de la mitad tenían antecedentes penales o órdenes de arresto. Sin embargo, las autoridades sostienen que más del 95% de estos individuos estaban relacionados de alguna manera con Comando Vermelho, aunque se incluye en el documento el caso de Ronaldo Julião da Silva, quien tenía 46 años, no poseía antecedentes ni había sido vinculado a ningún informe policial, lo que pone en duda la eficacia y la justicia del operativo.

Además, entre los fallecidos se encontraba Francisco Myller Moreira da Cunha, identificado como el supuesto líder del CV en el Amazonas, y Rafael Correa da Costa, un cabecilla en Pará con múltiples órdenes de detención. La lista de víctimas también incluye a individuos vinculados a facciones criminales de otras ciudades, lo que indica el alcance del conflicto en diversas regiones de Brasil.

Un aspecto perturbador del informe es el uso de redes sociales por parte de la Policía Civil para asociar a varios de los fallecidos con Comando Vermelho. Por ejemplo, Tiago Neves Reis, de 26 años, fue relacionado con la organización por una imagen en la que sostenía una bandera roja en forma de emoji, a pesar de que no tenía antecedentes penales ni estaba bajo investigación en ese momento. El caso de Kauã de Souza Rodrigues da Silva, de 18 años, es igualmente preocupante, ya que sus redes sociales no mostraban actividad desde 2022, lo que las autoridades interpretaron como un intento de ocultar pruebas de su participación en actividades delictivas.

Asimismo, Alessandro Alves Silva, de 19 años, fue asociado al narcotráfico por publicaciones que mostraban su uso de un traje de camuflaje, lo que plantea serias preguntas sobre la validez de las pruebas utilizadas para justificar la violencia del operativo.

La intercepción resultó en un total de 121 muertes, incluidos cuatro agentes de policía, marcando una etapa oscura en la lucha contra el crimen organizado. El gobierno local celebró la operación como un éxito, afirmando que los fallecidos opusieron resistencia armada, mientras que aquellos que optaron por rendirse fueron detenidos, lo que ha generado un clima de indignación entre los defensores de los derechos humanos.

En total, se realizaron 113 detenciones durante la operación, que involucró a 2.500 agentes y tenía como meta desarticular el avance del Comando Vermelho. Sin embargo, solo se ejecutaron 20 de las más de 100 órdenes de prisión solicitadas. La violencia generada en el proceso creó un ambiente caótico en áreas urbanas, obligando al cierre de escuelas y comercios y provocando la denuncia de numerosas organizaciones civiles que han calificado la operación de “masacre”.