PP utilizó Interior contra independentistas sin consecuencias legales según dictamen congresista
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha anunciado la creación de dos nuevas comisiones de investigación que el partido Junts pretende utilizar para ampliar la amnistía e incluir el supuesto 'lawfare'.
En 2017, el Congreso ya concluyó que el Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy utilizó recursos públicos para "perseguir a adversarios políticos", incluyendo a nacionalistas e independentistas catalanes. Sin embargo, no se tomaron acciones legales al respecto. Ahora, el PSOE ha pactado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts la creación de otras dos comisiones de investigación sobre el Ministerio del Interior y el independentismo, y es en este punto donde el partido de Carles Puigdemont quiere aprovechar para ampliar el alcance de la amnistía y abordar el fenómeno del 'lawfare'.
En el acuerdo de investidura firmado el pasado jueves entre el PSOE y Junts se menciona la constitución de "comisiones de investigación" cuyas conclusiones "se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Estas comisiones de investigación mencionadas son las mismas que el PSOE aceptó en el mes de agosto para sumar el apoyo de los partidos independentistas a la candidatura de Francina Armengol a la Presidencia del Congreso y así obtener la mayoría en la Mesa de la Cámara.
Una de estas comisiones se dedicará a investigar el supuesto espionaje a políticos independentistas a través del programa 'Pegasus', mientras que la otra versará sobre las supuestas conexiones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la preparación de los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017. Estos dos temas eran rechazados hasta ahora por el PSOE.
Por otra parte, el Congreso ha analizado en los últimos años las denominadas 'cloacas' de la Policía, tanto sus maniobras contra la oposición política como sus intentos de encubrir investigaciones de corrupción que afectaban al Partido Popular (PP).
La llamada 'Operación Cataluña' ya fue objeto de investigación en el Congreso en 2017, en el marco de las pesquisas parlamentarias sobre la supuesta utilización "partidista" del Ministerio del Interior, bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz. Tras una serie de interrogatorios, la Cámara concluyó que se creó una estructura policial con el objetivo de "perseguir" a adversarios políticos del independentismo catalán. Entre los responsables políticos señalados se encontraban el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.
Este dictamen, sin embargo, no tuvo consecuencias judiciales. Partidos como Unidas Podemos, ERC y PDeCAT intentaron que las conclusiones se enviaran a la Fiscalía para un posible enjuiciamiento penal, pero PP, PSOE, Ciudadanos y PNV se opusieron. El presidente de la comisión, Mikel Legarda, del PNV, recordó que la comisión solo tenía la tarea de señalar responsabilidades políticas y que la Fiscalía podría actuar de oficio tras tener conocimiento de los resultados de la investigación.
Además, en marzo de este año se creó otra comisión de investigación sobre las conocidas como 'cloacas' del Estado, a raíz de una petición presentada nueve meses antes por los partidos independentistas para investigar la presunta injerencia en la soberanía de Andorra por parte de políticos españoles, así como la supuesta existencia de redes parapoliciales en el marco de la llamada 'Operación Cataluña'.
En resumen, Junts pretende aprovechar las nuevas comisiones de investigación para profundizar en la amnistía a los independentistas catalanes procesados en los últimos diez años. El expresidente catalán Carles Puigdemont busca que las decisiones tomadas por el Congreso sirvan para demostrar la existencia del supuesto 'lawfare' y, de esta manera, rever otras causas que afectan a sus correligionarios.
El uso del término 'lawfare' en el acuerdo entre el PSOE y Junts ha generado críticas por parte de las principales asociaciones judiciales y del Consejo General del Poder Judicial, quienes interpretan que el Congreso pretende fiscalizar la actuación de los tribunales.