En un hecho que ha sacudido el ambiente político madrileño, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha arremetido contra Miguel Ángel Rodríguez, quien ocupa el cargo de jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Puente no ha dudado en tildarlo de “delincuente” y ha exigido al Partido Popular que tome medidas al respecto, pidiendo la dimisión de Rodríguez por su defensa de ciertos intereses personales y por, según el ministro, haber distorsionado la realidad.

Estas declaraciones se produjeron en una rueda de prensa previa a un desayuno informativo en Nueva Economía Fórum, donde Puente apuntó directamente a Rodríguez, señalándolo como “un delincuente condenado por sentencia firme”. Su comentario surge tras las afirmaciones de Rodríguez, quien el miércoles había manifestado frente al Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería seguir adelante con su labor.

“Su historial no es un secreto para nadie. Escuchar a alguien con un pasado delictivo afirmar que el fiscal general tiene que seguir adelante con su trabajo es, desde mi perspectiva como jurista, algo que resulta realmente inquietante”, destacó el ministro, poniendo de manifiesto su malestar ante esta situación.

Puente expresó su preocupación por el hecho de que Rodríguez, en su rol en la administración de Ayuso, se involucre en asuntos que corresponden a un interés personal, señalando que lo que le resulta aún más grave es que, en una “democracia saludable”, alguien en su posición aún no haya presentado su dimisión.

Del mismo modo, el ministro se hizo eco de la injusticia que, a su juicio, enfrenta García Ortiz, al ser víctima de persecuciones por intentar corregir “una mentira” y por haber sido víctima de filtraciones. “Me parece totalmente inadmisible que Rodríguez esté al servicio de un particular que carece de relevancia pública o política”, remarcó Puente, evidenciando así la profunda preocupación por la integridad del sistema judicial.

Además, el ministro mostró su incertidumbre sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular en términos legales, acusándolos de estar “hurgando” en la vida de los asesores cercanos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Puente dejó claro su descontento ante el panorama que se dibuja, donde se cuestiona la legitimidad del accionar institucional.

Por último, el ministro se refirió a la situación de Alberto González Amador, el novio de Ayuso, quien ha reconocido haber cometido dos delitos, sugiriendo que desde las instituciones se ha intentado protegerlo mediante la falsificación de hechos y la divulgación de correos electrónicos. Con ello, Puente enfatizó su convicción de que “alguien presuntamente cometió un delito” y que se han empleado mecanismos inadecuados para encubrirlo.