En un nuevo giro en el caso que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el juez del Tribunal Supremo ha ordenado a la Guardia Civil la entrada y registro en el despacho de la Fiscalía General del Estado, según ha informado el periódico 'El Mundo' y confirmaron fuentes del caso a Europa Press.
Las mismas fuentes señalaron que el juez ha decretado el secreto de las actuaciones por un mes.
Esta mañana, el juez Ángel Luis Hurtado ha instado a García Ortiz a designar un abogado para asegurar su defensa en la causa en su contra por un posible delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un documento recogido por Europa Press, el juez indicó que, aunque la fiscal jefe provincial de Madrid está representada por la Abogacía del Estado, García Ortiz no cuenta con representación legal, por lo que se le exige designar profesionales para evitar una situación de indefensión.
Fuentes fiscales revelaron que será la Abogacía del Estado la que se encargará de la defensa del fiscal general del Estado en este proceso judicial.
Además, Hurtado ha solicitado a las acusaciones populares, entre ellas la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que se pronuncien sobre un posible agrupamiento de sus querellas.
Por otro lado, el juez aún debe decidir sobre las diligencias solicitadas por Alberto González Amador (acusación particular) y sobre la suspensión temporal de las funciones del fiscal general que ha sido pedida por Manos Limpias.
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