Moldavia ha rechazado enérgicamente las recientes acusaciones y ha denunciado las intenciones de Rusia de "desestabilizar" la situación en su territorio. Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión en la región, especialmente tras las afirmaciones del Servicio de Inteligencia ruso que acusan a la presidenta moldava, Maia Sandu, de querer desatar un conflicto en la disputada región de Transnistria.

En este sentido, el Servicio de Inteligencia ruso ha manifestado que Sandu busca iniciar una guerra y ha destacado que la seguridad en la región de Transnistria es incierta. Esta alerta surge después de que la presidenta moldava propusiera una operación militar destinada a retomar el control sobre Transnistria, así como un plan para la retirada de las tropas rusas de paz que se encuentran desplegadas en la zona.

Las afirmaciones del servicio de inteligencia incluyen una inquietud palpable sobre la resistencia del pueblo moldavo frente a lo que describen como "experimentos" de la presidenta Sandu, muchos de los cuales evocan recuerdos del conflicto de 1992 que marcó la historia reciente de la nación. En este contexto, se le acusa de intentar apoderarse por la fuerza de la central termoeléctrica de Cuciurgan, vital para el suministro eléctrico de Moldavia, aunque dicha instalación depende del gas que recibe de Rusia a través de Ucrania.

Además, la problemática del suministro de gas se torna más compleja, dado que las autoridades ucranianas han decidido no extender el tránsito de combustible a partir de enero, lo que podría dejar la central sin los recursos necesarios y desencadenar una crisis interna. En este contexto, la Inteligencia rusa sostiene que la presidenta moldava evita dialogar sobre esta cuestión crucial con Kiev.

Por otro lado, Adrian Balutel, jefe de la administración presidencial moldava, ha manifestado que el objetivo de Chisináu es buscar "una solución pacífica" a las tensiones existentes con Transnistria y que, en ningún momento, se ha considerado la vía militar. Balutel ha subrayado que la clave para resolver el conflicto reside en la retirada total de las tropas rusas de Moldavia, a las que califica de presencia ilegal.

Además, el funcionario moldavo ha señalado que la reciente "histeria anti-Moldavia" observada en Tiraspol, junto con los intentos de Moscú y sus aliados de atribuirle al gobierno de Chisináu la posible crisis energética y humanitaria en las regiones orientales del país, refuerza las sospechas sobre el objetivo desestabilizador de Rusia.

En relación con el suministro de gas, Balutel ha insistido en que existe un "acuerdo" entre Moldovagaz y Gazprom que asegura el abastecimiento de energía "independientemente de las rutas de tránsito". Por lo tanto, los problemas de suministro se deben a que "Gazprom no ha cumplido con sus obligaciones", según las afirmaciones reflejadas en el portal de noticias moldavo Newsmaker.

El escenario político en Moldavia se torna aún más complejo tras los resultados de las elecciones presidenciales de octubre y el referéndum sobre la reforma constitucional que el Gobierno había impulsado para consolidar su camino hacia la adhesión a la Unión Europea. Estos eventos tienen lugar en un país profundamente dividido, donde la influencia de Rusia se siente con fuerza al mismo tiempo que Chisináu se acerca cada vez más a Bruselas, en el contexto de la invasión rusa a Ucrania.

Moldavia, con una población de aproximadamente 2,5 millones y una región separatista de tendencia prorrusa, ha experimentado altibajos en sus relaciones con Moscú desde tiempos de la Guerra Fría. A pesar de que el enfoque de la política moldava ha girado hacia una orientación más occidental desde que Maia Sandu asumió la presidencia en 2020, Rusia continúa manteniendo una presencia militar significativa en Transnistria, esforzándose por sostener su influencia en la zona.

Transnistria, gobernada por líderes independentistas durante décadas, representa un dilema constante para el Gobierno de Moldavia. Esta región ha sido utilizada frecuentemente por Rusia como una herramienta de presión, especialmente en los últimos dos años, cuando muchos ciudadanos moldavos han mantenido una actitud favorable hacia Moscú.