El Partido Popular ha criticado la "inacción" del Gobierno en materia migratoria, mientras que Sumar, EH Bildu y ERC instan a aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha informado que la ocupación de los recursos de acogida en Canarias se ha mantenido en un 50% en el último año, con el objetivo de evitar situaciones como las del 2020 en el muelle de Arguineguín.

Saiz destacó que se ha mejorado la eficacia en la gestión de los traslados entre islas y de Canarias a la Península, así como se han ampliado las capacidades de acogida en la Península. Todos estos recursos se financian con el presupuesto del ministerio.

La ministra afirmó que el Gobierno trabaja por una migración regular, ordenada y segura, y mencionó programas de migración circular y la reforma del Reglamento de Extranjería.

También se refirió a la detección de víctimas de trata, tráfico, torturas y menores, destacando el cuidado que se brinda a situaciones críticas como la llegada de enfermos, personas con discapacidades, niños y mayores.

Otras circunstancias estructurales que influyen en los flujos migratorios irregulares son los desafíos que enfrentan los países del Sahel, según la ministra.

La Comisión Interministerial de Inmigración ejerce funciones de impulso y coordinación para atender los flujos inmigratorios irregulares en España, sin suponer un aumento del gasto público, precisó Saiz.

En el turno de réplica, Saiz pidió al PP una respuesta para repartir a los menores migrantes en Canarias y se comprometió a combatir cualquier manifestación de xenofobia y racismo.

En las intervenciones de los portavoces, se destacaron las críticas del PP por la inacción del Gobierno ante la crisis migratoria, la respuesta del socialista Luc Andre Diouf contra Coalición Canaria y el PP por utilizar a los menores migrantes de forma manipulativa, y las críticas de Vox y sus cuestionamientos sobre las políticas de acogida.

Sumar, ERC y EH Bildu pidieron garantizar los derechos humanos y aprobar la ILP para regularizar a 500.000 personas extranjeras, mientras que Junts reclamó competencias en inmigración para Cataluña.

Otras intervenciones pidieron llegar a acuerdos para resolver la crisis migratoria, criticaron el protocolo canario de atención a menores migrantes y exigieron medidas urgentes para Canarias.

En última instancia, se planteó la necesidad de atender a las personas que llegan de manera adecuada, pero sin olvidar las causas subyacentes de la migración y actuar para resolverlas.