Este viernes, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha dado un paso significativo al presentar una demanda que establece un acto de conciliación previo a una querella criminal conjunta. Esta acción legal tiene como objetivo responder a las acusaciones realizadas por el empresario Víctor de Aldama en relación con el controvertido 'caso Koldo', tras su reciente declaración ante el juez de la Audiencia Nacional.

La demanda ha sido interpuesta en nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez, así como del ministro de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Asimismo, incluye a su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, al exministro y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En el documento legal, el PSOE ha solicitado la realización de un acto de conciliación antes de proceder con la querella criminal, basándose en lo establecido en el artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en los artículos 139 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Se trata de un paso formal que busca establecer un espacio para resolver la disputa antes de que se presenten cargos formales.

Los socialistas argumentan que las declaraciones del empresario son "absolutamente falsas y difamatorias", ya que consideran que atacan gravemente el honor de destacados miembros del Gobierno y del partido socialista, incluyendo a Begoña Gómez, a quien, según ellos, se intenta perjudicar intencionadamente junto con el Ejecutivo en su conjunto.

El PSOE sostiene que las manifestaciones realizadas por De Aldama son "premeditadas" y cargadas de "gravedad", interpretando que se hicieron con fines "absolutamente espurios" y con una "clara finalidad política". En este contexto, la formación también expresa su incertidumbre sobre si estas afirmaciones corresponden a intereses personales del empresario, de terceros involucrados o si tienen algún tipo de motivación externa.

En la demanda, los socialistas enfatizan que las declaraciones no pueden ampararse bajo el derecho de defensa, ya que la gravedad y la trascendencia de las mismas exigen que no queden impunes simplemente por tratarse de un procedimiento judicial en curso. La demanda destaca que, a pesar de lo que se alegue, las declaraciones emitidas deben enfrentarse a la justicia y no pueden considerarse como un escudo para la difamación.

El PSOE argumenta que las afirmaciones de De Aldama constituyen injurias y calumnias, tal y como se define en los artículos 205 y 208 del Código Penal, al tratarse de delitos públicos dirigidos contra figuras de autoridad en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, los demandantes, tanto a título personal como el PSOE como entidad jurídica, están dispuestos a avanzar con la acción legal correspondiente contra el empresario, exigiendo que se retracte y cese cualquier actividad que ponga en riesgo el prestigio y el honor de los afectados.

Cabe mencionar que, en la sesión previa, Aldama declaró por voluntad propia ante el juez, donde hizo acusaciones serias, señalando a Torres por supuestamente solicitar 50.000 euros a una trama, y a Cerdán y Moreno por recibir sumas de dinero que totalizan 40.000 euros. Además, hizo hincapié en que conocía a Pedro Sánchez y que había intentado felicitarlo en un evento del PSOE por sus gestiones en México. En cuanto a Salvador Illa, Aldama alegó que tenía planes de asistir a una cena con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, durante su visita a España.

Además, el empresario hizo referencia a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, afirmando que se había reunido con ella y con Begoña Gómez para discutir el tema de la "España vaciada". También mencionó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien atribuyó el conocimiento sobre el viaje de Delcy Rodríguez a España, aunque estos últimos no están incluidos en la querella que se está preparando.