Santos Cerdán reconoce que el PSOE busca un nacionalismo identificado en una España federal.
El secretario de Organización del PSOE y negociador principal con Junts, Santos Cerdán, ha admitido que el objetivo de los socialistas es que el independentismo catalán se sienta identificado en una España federal. Aunque Cerdán considera que el expresidente catalán Carles Puigdemont debería haber sido juzgado, reconoce que ha estado "en el exilio" en Bélgica durante seis años. En una entrevista con El Diario, Cerdán afirmó que la amnistía será evaluada a medida que pase el tiempo y destacó la importancia de que los independentistas vean sus reivindicaciones representadas en un país como España.
Cerdán también mencionó que pasó cinco días en Bélgica para cerrar el acuerdo del PSOE con Junts, donde se encuentra fugado Puigdemont, y superar así el obstáculo para la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Aunque reconoce que Puigdemont vivió momentos difíciles durante su exilio, Cerdán enfatiza en que el expresidente no cumplió con la justicia española y debería haber sido juzgado.
El secretario de Organización del PSOE pone en duda que se pueda llamar "fugado" a Puigdemont, ya que puede viajar por Europa e incluso acercarse a la frontera española. Según Cerdán, los exiliados son aquellos que pueden abandonar un país y moverse libremente por el resto del mundo. En el acuerdo con Junts, el PSOE aceptó la inclusión de un verificador internacional para dar seguimiento a las negociaciones y establecer reuniones mensuales en el extranjero en las que participaría Puigdemont.
Cerdán justifica esta figura como un notario que se encargará de registrar los acuerdos y verificar su cumplimiento. Respecto a la decisión de mantener en secreto la identidad de las personas que forman parte de este mecanismo, argumenta que es para protegerlas y destaca que lo importante son los acuerdos y las propuestas políticas que se planteen.
En relación al término "lawfare" incluido en el acuerdo con Junts, que se refiere a la persecución judicial de adversarios políticos, Cerdán se abstiene de opinar si esta práctica existe o no en España. Sin embargo, menciona el caso de Victoria Rosell, donde se reconoció la persecución política, como ejemplo de cómo la justicia puede ser utilizada de manera inapropiada. Aclaró que esto no implica que haya lawfare en la justicia española en general, pero subraya que este caso es una evidencia de que puede ocurrir.
Por otro lado, Cerdán expresa que le cuesta remontarse al decreto de Nueva Planta como origen del conflicto político con Cataluña, según el texto del acuerdo. En cambio, considera que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña en 2010, que "mutiló" parte de dicha norma, marcó un antes y un después en el conflicto.