En la jornada del martes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España hizo pública una nueva normativa en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regirá la comercialización del aceite de oliva para la próxima campaña 2025/26. Este anuncio resalta la proactividad del gobierno en la regulación de este importante sector.

Bajo la dirección de Luis Planas, el ministerio ha subrayado su intención de evitar desequilibrios en el mercado que pudieran surgir de una posible sobreproducción, lo que implicaría la necesidad de retirar parte del producto de circulación.

Para que se active esta medida correctiva, se establece que la suma de existencias iniciales más la producción estimada del aceite debe superar el 120% del promedio de las campañas de los seis años anteriores.

A pesar de que los pronósticos realizados por las comunidades autónomas a principios de octubre no indican que se alcancen esos niveles críticos, el ministerio prefiere estar preparado al contar con esta norma en caso de que se requiera aplicarla.

La normativa se alinea con el artículo 167 bis del Reglamento (UE) del Parlamento y del Consejo n.º 1308/2013, que permite a los países productores de aceite de oliva diseñar regulaciones de comercialización para gestionar la oferta y fomentar una mayor estabilidad en el mercado.

En este contexto, se aprobó en España el Real Decreto 84/2021, que otorga la facultad de establecer normas de comercialización cuando sea necesario, permitiendo la retirada de productos hasta la siguiente campaña o su redirección a usos no alimentarios.

Desde la institución agrícola se enfatiza que esta medida es de carácter excepcional y se enmarca en un contexto coyuntural. Se recuerda que, tras dos campañas marcadas por una baja producción, para la campaña 2024/2025 se observó una recuperación significativa en la capacidad de producción, gracias a las favorables condiciones climáticas.

Sin embargo, las proyecciones para 2025/2026 son excepcionalmente optimistas y podrían indicar una posible sobreoferta en el mercado, originando desajustes que el ministerio busca prevenir activando los protocolos de retirada de aceite establecidos anteriormente.

Para garantizar la efectividad de esta normativa, se realizó un exhaustivo diálogo con las comunidades autónomas y los diversos actores del sector, donde el proyecto fue sometido a consulta previa y audiencia pública, asegurando un enfoque colaborativo en la regulación.

Una vez recopiladas y analizadas las observaciones pertinentes, el ministerio ha procedido a la formalización de la orden. Sin embargo, su implementación dependerá del cumplimiento de los criterios establecidos para activar la retirada de aceite de oliva, con un enfoque claro sobre las condiciones determinadas anteriormente.

La nueva regulación también especifica cómo se determinará el porcentaje de aceite a retirar por cada operador, relacionado con el total de su producción. Las almazaras productoras de aceite de oliva serán las entidades directamente implicadas en este proceso.

Una vez publicada la orden, se espera que el porcentaje de producción a retirar sea definido mediante una resolución de la dirección general de Producciones y Mercados Agrarios antes del 15 de noviembre.

En caso de que sea necesario activar esta retirada de producto, el Ministerio trabajará en conjunto con las comunidades autónomas para desarrollar un plan de control que asegure el cumplimiento efectivo de la nueva norma, delegando la responsabilidad de los controles a los organismos competentes de estas administraciones.