En Madrid, el 2 de noviembre, el partido Sumar ha decidido intensificar su presión para llevar a cabo la regularización de más de 500.000 migrantes en situación irregular en España. Tras un mes sin avances significativos en este ámbito junto a sus socios del PSOE, Sumar ha instado al partido socialista a convertir esta medida en una realidad inminente.

Fuentes cercanas a Sumar han expresado a Europa Press que, lamentablemente, no han observado progreso alguno en las conversaciones con el PSOE. Por ello, consideran que es crucial centrar sus esfuerzos en desbloquear la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso, que podría ser la vía más efectiva y garantista para avanzar en este asunto.

Según estas fuentes, es fundamental priorizar el camino parlamentario y reactivar las negociaciones entre los diversos grupos de la cámara, excluyendo a Vox. Se reconoce que aunque se había mencionado la posibilidad de implementar un decreto al respecto, en este momento tal opción se encuentra congelada. Los miembros del Gobierno están enfocados en otros temas prioritarios, como la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y las nuevas medidas de vivienda.

Desde la dirección de Sumar se respalda firmemente la necesidad de regularizar a los migrantes, argumentando que esta acción es esencial para combatir la creciente retórica antiinmigrante de Vox y el Partido Popular, que ha adoptado propuestas absolutamente reactivas en materia de inmigración, impulsadas por su líder Alberto Núñez Feijóo.

“Lucharemos por la regularización en nombre de la justicia, la democracia y la dignidad, considerando a más de medio millón de personas como parte de nuestra comunidad”, aseguran desde Sumar, enfatizando su compromiso con esta causa.

No obstante, dentro de la formación plurinacional hay consensos sobre que la ILP debería ser el método principal para la regularización. Si bien no se cierran a explorar otras alternativas legislativas, argumentan que un decreto por sí solo no sería el camino correcto; es necesaria una reforma normativa que lo respalde adecuadamente.

Este contexto recuerda a los momentos en que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2005 un decreto que regularizó a 578.000 migrantes, vinculado a la reforma de la Ley de Extranjería, lo que sentó un precedente en la gestión de la migración.

Así, Sumar sigue comprometido a luchar por esta regularización, aunque reconoce que su situación actual es compleja, ya que la ILP está estancada y las dinámicas parlamentarias presentan muchos obstáculos.

Recientemente, fuentes dentro del Parlamento han señalado que antes del verano se había avistado la posibilidad de avanzar en la regularización, pero, con el inicio del nuevo curso político, las negociaciones se han estancado. Esto se debe, entre otras cosas, a la falta de movimiento por parte del PSOE y el PP, mientras que Junts, al romper el acuerdo de investidura con el PSOE, ha complicado aún más las perspectivas de avance.

Aparte, un integrante del grupo parlamentario ha mencionado que existe un cierto “temor” dentro del PSOE de que la regularización pueda servir como un argumento para que Vox intensifique su discurso en contra de la inmigración. Esta preocupación ha sido calificada de errónea por varias voces dentro de Sumar, que sostienen que la izquierda debe defender esta medida como un acto de justicia y, al mismo tiempo, emprender una batalla cultural contra la ultraderecha en el terreno de la inmigración.